Minería informal en Perú puede ser foco de conflictos en 2014, según informe

Lima, 12 dic.- La minería informal en Perú se ha extendido a un 16 % de las concesiones mineras en el país y puede convertirse en el principal foco de conflictos sociales en el 2014, advirtió hoy el XIII Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú.

El investigador de Cooperacción, José de Echave, una de las organizaciones responsables del informe, explicó en rueda de prensa que abril de 2014 será una fecha clave para el proceso de formalización de los mineros artesanales e informales en Perú, dado que en ese mes vence el plazo del proceso lanzado por el Gobierno.

De Echave opinó que "entre marzo y abril" puede haber movilizaciones de las poblaciones implicadas en esa actividad porque el Gobierno sigue sin establecer políticas públicas integrales que den respuesta a la problemática social, ambiental y económica de la minería informal.

Según cifras presentadas por Cooperacción, las concesiones mineras en Perú ascienden a 26 millones de hectáreas, lo que representa el 21 % del territorio nacional, y la minería informal está presente en el 16 % de las concesiones.

Es decir, la minería informal y artesanal está presente en cuatro millones de hectáreas del territorio peruano, donde el medio ambiente está expuesto a la contaminación por el uso de mercurio y cianuro para la extracción, principalmente, de oro.

El también coordinador del Observatorio Minero indicó que la región de Apurímac, al sureste de Perú, tiene actualmente el mayor número de proyectos mineros, en los que trabajan aproximadamente 20.000 mineros informales, de los 100.000 que el Gobierno estima que operan en el país.

De Echave señaló que en los últimos años ha habido una expansión del número de concesiones mineras de 21 millones de hectáreas en 2010 a las 26 millones de hectáreas actuales y estimó que será complicado revertir esta tendencia.

De acuerdo al reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo de octubre pasado, Perú tiene 220 conflictos, tres menos que el año anterior, de los cuales 145 son demandas socioambientales y 108 están vinculados directamente a la minería.

En este sentido, De Echave opinó que "hay tensiones que en cualquier momento pueden activarse" porque las bases de los conflictos no se han resuelto, como en el caso Conga, donde la empresa Newmont ha postergado indefinidamente el proyecto de extracción de oro de una zona de lagunas naturales en la región de Cajamarca.

"La estrategia aparente (del Gobierno) es que (los opositores) se cansen y, en forma paralela, destrabar las inversiones mineras bajo el fantasma de que se estaban yendo a otro lado", expresó De Echave.

Otra región afectada por los conflictos mineros es la norteña Piura, donde el 32 % de su territorio está concesionado para la minería y de los 10.000 mineros informales que trabajan ahí, sólo 40 han tramitado sus expedientes de formalización.

Asimismo, en la región Cuzco, al sureste de Perú, hay concesiones mineras en el 23 % de su territorio y uno de los conflictos más recientes es el que mantiene el distrito de Chamaca, en la provincia de Chumbivilcas, contra la empresa canadiense Hudbay Minerals que adquirió una concesión de 22.000 hectáreas para extraer cobre.

Cuzco es la región más afectada por el recorte del canon minero, aprobado por el Gobierno central, que ha visto reducidas sus transferencias en casi el 90 %, al pasar de los 345 millones de dólares que recibió en 2012 a los 39 millones de dólares recibidos este año.

El XIII Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en Perú fue elaborado por las organizaciones no gubernamentales Grufides, Cooperacción y Fedepaz sobre el monitoreo de la actividad extractiva en las regiones de Piura, Cuzco, Cajamarca, Apurímac y Junín.