Convocado al Congreso para explicar el acuerdo de justicia de justicia alcanzado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), De La Calle anunció en la noche del martes que la Jurisdicción Especial de Paz para quienes hayan tenido alguna participación en la conflagración de más de medio siglo no cambiará el fuero presidencial que existe en el país.
"El fuero especial de juzgamiento a los presidentes es una condición de la estabilidad de las instituciones, y no es un privilegio para ellos. Por lo tanto, el gobierno no piensa que la creación de la Jurisdicción Especial de Paz modifique las normas constitucionales en esta materia", afirmó De La Calle.
Esta semana el fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, emitió unas polémicas declaraciones ante los medios de comunicación según las cuales el expresidente y actual senador de derecha, Álvaro Uribe, podría ser investigado por el tribunal de Paz.
En ese marco, Uribe "puede ser investigado y juzgado por los hechos antes de la presidencia como gobernador (del departamento) de Antioquia por las presuntas imputaciones que le hacen del favorecimiento del paramilitarismo y que están actualmente en la Corte Suprema de Justicia", dijo Montealegre en Caracol Televisión.
Algo que provocó la airada reacción del expresidente colombiano (2002-2010) y exgobernador de Antioquia (1995-1997), el mayor opositor a los diálogos de paz con la principal guerrilla del país, con unos 7.000 combatientes según cifras oficiales.
"Le van a entregar el país al terrorismo solo para meterme a mí a la cárcel, valiente gracia", aseguró entonces Uribe ante medios nacionales.
En Colombia los jefes de Estado sólo pueden ser juzgados ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes (cámara baja) del Congreso.
El acuerdo sobre justicia revelado en Cuba, sede del proceso de paz que sostienen el gobierno y las FARC desde hace casi tres años, establece que quienes reconozcan su responsabilidad en crímenes relacionados con el conflicto armado y cooperen con la justicia tendrán penas de hasta ocho años de privación de libertad. Quienes no lo hagan y sean declarados culpables, enfrentarán hasta 20 años de prisión ordinaria.
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