Nueve localidades españolas se postulan para albergar el "cementerio nuclear"

Madrid.- Nueve municipios españoles se postulan para albergar un almacén de residuos radiactivos de alta actividad, un asunto que ha abierto un debate en España acerca de si se trata de una instalación industrial de vanguardia o de un "cementerio nuclear".

Hoy precisamente se cierra el plazo para presentar las candidaturas a albergar el primer Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos de alta actividad de España, en medio de una tormenta política sobre el método para elegir la ubicación.

El futuro Almacén Temporal Centralizado podrá guardar hasta 7.000 toneladas de combustible de las centrales nucleares españolas y los residuos radiactivos de alta actividad que se producen en España.

Se trata de una instalación "pasiva", que no produce energía, ni se dan en ellas reacciones nucleares, según fuentes de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).

Aunque en un principio no hubo muchas localidades que aspiraran a albergar esta instalación, en los últimos días se han ido animando más municipios españoles.

En muchos de los casos se ha optado por este proyecto para tratar de frenar el despoblamiento de las localidades.

El primer municipio en pronunciarse a favor de acoger el ATC fue Yebra, una pequeña localidad de la provincia de Guadalajara (centro español), situada a poco más de 50 kilómetros de Madrid, y cercana a la central nuclear de Zorita, cerrada en 2006.

Ascó (en la provincia de Tarragona, noreste español) aprobó un día después en un tenso pleno la presentación de su candidatura para acoger el almacén nuclear, pese a la oposición del Gobierno de Cataluña (región a la que pertenece).

Les siguió el ayuntamiento de Villar de Cañas (en la provincia de Cuenca, centro), que también opta a acoger el almacén nuclear.

Además, tres localidades de la región de Castilla y León pidieron hoy mismo albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, en unas decisiones avaladas por la unanimidad de sus respectivos plenos municipales.

Se trata de Santervás de Campos y Melgar de Arriba (ambos en la provincia de Valladolid) y Torrubia de Soria (en Soria), con apenas 80 habitantes empadronados.

Los argumentos ofrecidos por sus tres alcaldes han sido idénticos, apelando al futuro de sus pueblos para justificar que reclamen el almacén de residuos nucleares.

Entre los tres municipios no suman más de 230 habitantes que viven en ellos durante todo el año y los tres han comprobado cómo en los últimos años el descenso poblacional es cada vez más acusado.

Zarra, ubicado en la mediterránea región de Valencia y a escasos kilómetros de la central nuclear de Cofrentes, también se ha sumado a los municipios que aspiran a albergar el ATC.

Su alcalde, Juan José Rubio, dijo hoy que el Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares "es seguro" y "traerá dinero y trabajo a la población".

Hoy también el municipio de Villar del Pozo (en Ciudad Real, centro), con un centenar de habitantes, aprobó en un pleno presentar su candidatura.

El alcalde, Felipe Puya, explicó a EFE que se ha optado por este proyecto para tratar de frenar el despoblamiento.

A última hora de hoy se sumó el ayuntamiento de Albalá (en la provincia de Cáceres, suroeste), que aprobó en pleno municipal presentar su candidatura.

Una vez concluido el plazo del ATC, habrá una evaluación técnica iniciada por el Ministerio de Industria y, entonces, se tomará una decisión por parte del Gobierno español, teniendo en cuenta las mejores razones donde haya que ubicarlo, razones de seguridad y, por supuesto, el nivel de consenso, dijo hoy la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.

La adjudicación del Almacén Temporal Centralizado supondrá una inversión de 700 millones de euros (unos 970 millones de dólares).

Además, la construcción de las instalaciones dará trabajo a unas 300 personas al día durante los cinco años que se calculan para la ejecución de la primera fase del proyecto.

La zona en la que se instale el almacén nuclear percibirá unas compensaciones económicas que serán fijadas mediante una Orden del Ministerio de Industria y se financiarán con las tasas que pagan las empresas.