Nuevo modelo energético pide que la deuda de 3.400 millones de las eléctricas se destine a las familias en pobreza energética

La plataforma Nuevo Modelo Energético dijo hoy que los 3.400 millones de euros que deben las empresas eléctricas podrían sufragar los gastos esenciales de electricidad de la totalidad de las familias afectadas por la pobreza energética durante un plazo superior a 4 años.
Así lo afirmó en rueda de prensa la portavoz de la plataforma, Cote Romero, quien aseguró a su vez que el 30% de las muertes producidas en el invierno están causadas por pobreza energética, ya que en el año 2012 se cortó el suministro de electricidad a las familias con dificultades económicas por valor de “más de un millón de euros”.
En este sentido, Romero recordó que las compañías “están suministrando un bien común”, con lo que tienen que cumplir con las obligaciones de un servicio público y “España no lo está haciendo”. Además, la portavoz aseguró que “no se está cumpliendo” con la directiva que obliga a los estados miembro de la Unión Europea a contribuir en la pobreza energética.
Asimismo, Nuevo Modelo Energético exigió que se proceda a un bono social de la luz y del gas, que no se produzca una subida del IVA en materia energética y que se prohíba “terminantemente” el corte de la electricidad en invierno.
EL GOBIERNO, RESPONSABLE
Por otro lado, el experto en el sector eléctrico y miembro de la plataforma, Jorge Morales de Labra, consideró que si los costes de transición a la competencia (CTCs) se hubieran liquidado correctamente, que hoy en día estas centrales siguen “cobrando y funcionando como si fueran nuevas”, el importe que se habrían ahorrado los consumidores se acercaría a los 30.000 millones de euros. De este modo, los recibos podrían costar actualmente un 10% menos.
En esta línea, el abogado de la plataforma, Piet Holtrop, añadió que la liquidación de los CTCs que correspondía al año 2006 no se produjo hasta el año 2010, por lo que los cuatro años de prescripción a los que se refiere la Ley General Presupuestaria, habrían concluido el 27 de julio de 2014, por lo que, aseguró que el actual Gobierno “podría tener responsabilidad en los hechos”.