"Se determinó que no existe conflicto de interés ya que ni el licenciado Peña Nieto ni el doctor Videgaray incurrieron en alguna acción parcial relacionada con las atribuciones que les corresponde ni participaron de forma alguna en los contratos", dijo este viernes el ministro de Función Pública, Virgilio Andrade, al dar a conocer los resultados de su investigación.
La investigación se derivó del escándalo generado en noviembre pasado, cuando un reporte periodístico reveló que la primera dama, Angélica Rivera, había adquirido una mansión de más de tres millones de dólares a un importante contratista gubernamental meses antes de la victoria electoral de Peña Nieto en julio de 2012.
Posteriormente se conoció que el propio Peña Nieto y su ministro Videgaray habían hecho compras similares en el pasado.
Para enfrentar la polémica, y en medio de una crisis política por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Peña Nieto pidió en febrero a Andrade que investigara los contratos públicos a esas empresas para determinar si fueron beneficiadas en los procesos de otorgamiento.
En su investigación, Andrade determinó que no hubo conflicto de intereses ya que, entre otros motivos, todas las casas fueron declaradas y adquiridas antes de que Peña Nieto y Videgaray fueran funcionarios federales y las condiciones de compra de las viviendas no fueron modificadas posteriormente a su favor.
Ni al presidente ni al ministro de Hacienda les "corresponde participar en contrataciones o la supervisión de la ejecución de dichos contratos", dijo Andrade durante una rueda de prensa de casi tres horas.
El funcionario detalló que se tomó declaración a 111 servidores públicos involucrados en el otorgamiento de 33 contratos públicos a los contratistas, quienes negaron haber recibido la orden o presiones para favorecer a esas empresas.
La investigación de Andrade ha enfrentado suspicacias desde el inicio porque se trata de un miembro del gabinete de Peña Nieto, tuvo cargos de representación por el partido oficialista PRI y ha reconocido que tiene una relación personal con Videgaray.
Andrade negó que su investigación sufra de falta de credibilidad. Para dar más certidumbre, el funcionario dijo que las indagatorias no estarán sólo a disposición de un panel de expertos para su revisión, como estaba previsto en un inicio.
"El compromiso es hacerlo plenamente transparente. Por ello he decidido poner a disposición los expedientes de investigación al público en general", afirmó.
Andrade recalcó que las compras de las tres viviendas fueron hechas con el patrimonio personal de Peña Nieto, Videgaray y Rivera, una famosa exactriz de telenovelas mexicana.
La mansión de Rivera está situada en Ciudad de México y fue adquirida a una empresa propiedad del Grupo Higa por un precio de 54 millones de pesos (3,2 millones de dólares en la actualidad) en enero de 2012.
La revelación de la compra por el grupo de investigación de la periodista Carmen Aristegui se dio días después de que el gobierno cancelara abruptamente una millonaria adjudicación para la construcción de un tren de alta velocidad a un consorcio liderado por la empresa china Railway Construction en el que también estaba el Grupo Higa.
Ante la polémica por esta compra, Rivera mandó un mensaje al país en el que señaló que la cadena Televisa le abonó en 2010 por terminación de contrato poco más de 88 millones de pesos (5,2 millones de dólares) y anunció que, para acabar con las sospechas, renunciaba a la compra de la vivienda, lo que hizo en diciembre, según dijo Andrade.
Videgaray también compró a una compañía del empresario Juan Armando Hinojosa, propietario del Grupo Higa, una vivienda en un exclusivo complejo de golf de Malinalco (centro) por 7,5 millones de pesos (442.000 dólares).
El ministro recalcó que la compra se hizo en octubre de 2012, dos meses antes de que Peña Nieto asumiera la presidencia, y que la incluyó en su declaración de bienes. En ese momento, Videgaray era el principal candidato para el ministerio de Hacienda al ser hombre de máxima confianza de Peña Nieto.
Por último, la investigación de la Función Pública también analizó la compra de una casa por Peña Nieto a otra empresa contratista -que tiene como accionista a Ricardo Arturo San Román- en la turística localidad de Ixtapan de la Sal (centro), cuando el presidente iniciaba entonces su periodo como gobernador del Estado de México (2005-2011).
Andrade detalló que empresas de Hinojosa y San Román recibieron 33 contratos en obras públicas y servicios por el gobierno de Peña Nieto (2012-2018).
"Todos estos contratos representan el 0,017% del monto total de los contratos otorgados por el gobierno federal en el periodo 1 de diciembre de 2012 al 31 marzo 2015", dijo Andrade.
Cuestionado sobre si se investigaron vínculos personales entre Peña Nieto e Hinojosa, Andrade afirmó que "las relaciones personales no están prohibidas pero en las mismas se tiene que materializar la recepción de beneficios".
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