Panel arbitral se declara competente para ver caso de Chevron contra Ecuador

Quito, 28 feb.- Un tribunal arbitral internacional se ha declarado competente para juzgar una demanda de la petrolera estadounidense Chevron contra Ecuador en un caso relacionado con la contaminación en la Amazonía, según informaron hoy la empresa y el Estado.

Ese panel, compuesto por tres expertos y establecido bajo el tratado bilateral de inversiones entre Estados Unidos y Ecuador, concluyó en su fallo que la acción legal de la multinacional "es seria y no está impulsada a mala fe", aunque no ha analizado aún la veracidad de sus alegaciones.

Hewitt Pate, vicepresidente de Chevron, indicó en un comunicado que la decisión del tribunal de aceptar el arbitraje le permitirá a la compañía "hacer a Ecuador responsable del fraude cometido a través de su sistema judicial en el caso".

Dos cortes ecuatorianas han condenado a la compañía a pagar más de 18.000 millones de dólares por los daños a la Amazonía causados a su parecer por Texaco de 1964 a 1990, un fallo que la petrolera ha apelado.

La Procuraduría de Ecuador, que representa al Estado en litigios internacionales, expresó hoy su desacuerdo con la decisión del tribunal arbitral, que es administrado por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, según Chevron.

Durante el proceso, iniciado por la petrolera en 2009, la Procuraduría ha insistido en que ese panel no debería tener jurisdicción, en parte porque supone una aplicación retroactiva del tratado bilateral de inversiones.

Ese acuerdo entró en vigencia en 1997, según la Procuraduría, mientras que el contrato de operaciones de Texaco, que posteriormente fue adquirida por Chevron, terminó en 1992.

Diego García, procurador general de Ecuador, criticó que ese tribunal afirme su competencia "sobre una disputa en la que la República del Ecuador no es parte y, más grave aún, para actuar como un tribunal que puede revisar las sentencias dictadas por el sistema judicial ecuatoriano".

Por su lado, Pablo Fajardo, el abogado principal en Ecuador de los demandantes, dijo hoy a Efe que Chevron pretende colocar sus intereses económicos por encima de los derechos humanos con su acción en el tribunal arbitral y acusó a sus miembros de estar "al servicio" de la petrolera.

El abogado opinó que cualquier laudo que emita ese panel "no tiene ninguna afectación jurídica" en el proceso que se sigue en el sistema judicial ecuatoriano.

El tribunal arbitral ordenó a Ecuador el pasado 17 de febrero que impidiera la ejecución del fallo contra Chevron, algo que rechazó la Corte provincial de Sucumbíos, que está encargada del caso.

"Un simple laudo arbitral, aunque resulte vinculante para Ecuador no puede obligar a sus jueces a violentar derechos humanos de nuestros ciudadanos", dijo la Corte.

James Craig, portavoz de Chevron, negó a Efe que exista cualquier conflicto entre la orden del panel arbitral y los derechos humanos.

"El fraude y la extorsión no son considerados derechos humanos en ningún sitio, excepto aparentemente en la Corte Provincial de Sucumbíos y en la mente de los abogados de los demandantes", afirmó.

Por su parte, Fajardo calificó las alegaciones de fraude en el caso como "un show" de Chevron para tratar de ocultar "la responsabilidad que tiene en el crimen cometido en la Amazonía ecuatoriana".

Chevron ha apelado la sentencia en su contra en Ecuador, pero ha declinado solicitar al tribunal que fije el abono de una garantía monetaria para impedir la aplicación del fallo mientras se tramita el recurso en la Corte Nacional de Justicia.

Por ello, la corte de Sucumbíos ya ha emitido una orden para que se haga efectiva la sentencia, una decisión que la petrolera ha pedido que revoque, explicó Fajardo.

"Si la corte de Sucumbíos ratifica este fallo, o sea, esta decisión de la semana anterior, estoy seguro de que en el lapso de uno o dos meses estaremos iniciando acciones de ejecución en otros países", dijo Fajardo, quien no reveló dónde interpondrían sus demandas.

Los demandantes pedirán a las cortes de esas naciones la aplicación del fallo y la posible emisión de posibles órdenes de embargo de plataformas, barcos y otros bienes de la empresa para el pago de los más de 18.000 millones de dólares, dado que Chevron carece de activos en Ecuador.