París y Berlín quieren convencer a los otros países de su idea de sanciones

Deauville (Francia).- El presidente francés, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel, afirmaron hoy que su acuerdo para endurecer el dispositivo de sanciones a los países del euro que incumplan los objetivos de déficit no es una imposición, sino que intentarán convencer a los otros socios.

"Vamos a llevar a cabo un trabajo de convicción", aseguró Merkel, tras indicar que el acuerdo anunciado ayer junto a Sarkozy "es una condición necesaria pero no suficiente" para adoptar el nuevo dispositivo que necesita pasar el filtro del Consejo Europeo, cuya próxima cumbre está programada en Bruselas a finales de mes.

Sarkozy, que hacía de anfitrión en un encuentro de dos días en Deauville (noroeste de Francia) con Merkel y el presidente ruso, Dmitri Medvédev, aseguró que los franceses están "tan comprometidos como los alemanes en la revisión de los tratados" para que la zona euro sea más eficaz en caso de futuras crisis.

En previsión de que el compromiso franco-alemán genere suspicacias en otros socios de la zona euro, el jefe del Estado francés comentó que a los dos países se les reprocha a menudo que no vayan concertados en algunas cuestiones, lo que impide que se avance a escala europea.

"Espero que ahora no nos reprochen estar de acuerdo antes de una reunión", comentó en alusión a la cumbre de finales de mes, antes de insistir en que "tenemos una posición común y avanzamos hacia una solución perenne".

La propuesta franco-alemana pasa por "sanciones automáticas" para el país que en seis meses no haya aplicado las medidas correctivas necesarias para una situación de "déficit excesivo", aunque para ello el Consejo Europeo debería pronunciarse por mayoría cualificada.

También se prevén sanciones con carácter preventivo para un país que se desviara de la trayectoria de ajuste prevista sobre la base del Pacto de Estabilidad.

Más allá de este dispositivo, que se podría implementar de forma inmediata, París y Berlín proponen una revisión de los tratados que establezca, más allá del horizonte de 2013 (en que expira el sistema de protección actual) "un mecanismo permanente y robusto para garantizar un trato ordenado de las crisis en el futuro".

Eso supondría la implicación de las entidades privadas, de forma que contribuyeran asumiendo los riesgos que hacen correr al sistema financiero.

Por último, la revisión de los tratados europeos deberían permitir la suspensión de los derechos de voto para un país que incurriera en una "violación grave" de los principios básicos de la Unión Económica y Monetaria.