Quito, 6 feb.- El pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador aprobó hoy un proyecto de ley que busca cerrar, de manera definitiva, la crisis bancaria desatada en 1999, la peor de la historia del país, con consecuencias que aún se mantienen.
La mayoría de legisladores en la Asamblea aprobó en un segundo debate el cuerpo legal, que será remitido a la Presidencia de la República para que lo ratifique u objete, informó el órgano legislativo en su portal web.
La normativa busca facilitar la ejecución de activos de los bancos que cerraron sus puertas en 1999, cobrar la cartera a deudores de dichas entidades bajo criterios de justicia financiera y establecer mecanismos de pago a los depositantes y acreedores perjudicados.
El proyecto "permitirá optimizar recursos del Estado destinados por casi quince años a solventar los manejos irresponsables de activos y cartera de las instituciones financieras extintas por parte de sus accionistas y administradores", precisa una nota de prensa de la Asamblea.
Asimismo, señala que la normativa facultará a los depositantes perjudicados a recuperar su dinero "en condiciones financieras justas".
Con esto, añade el texto, se intenta poner "fin a un capítulo nefasto de la historia económica del Ecuador", cuyo rescate le costó al erario nacional más de 8.000 millones de dólares.
Entre 1998 y 1999 varias instituciones financieras acusaron una crisis de liquidez y recibieron millonarios créditos del Estado que, al final no pudo recuperarlos porque las entidades se declararon en quiebra.
Más de una treintena de bancos pasaron entonces a manos del Estado y algunos fueron liquidados, mientras los representantes y administradores de ciertas instituciones se fugaron del país.
La crisis también provocó que algunas personas se suicidaran al no poder obtener sus depósitos durante algunos meses en los que fueron congeladas todas las cuentas del sistema financiero, mientras millones de ecuatorianos (muchos de ellos de forma ilegal) emigraron al exterior en busca de mejores oportunidades de vida.
La normativa aprobada hoy para poner fin a la crisis incluye plazos de 120 días para que el Banco Central liquide los fideicomisos creados para recuperar el dinero de los bancos cerrados, y otros cinco meses más a esas fiduciarias para que transfieran su patrimonio a entidades del Estado.
También establece mecanismos de "recálculo" de créditos a personas deudoras de la banca cerrada y de "reliquidación" o pago a los depositantes que hasta ahora no han podido obtener sus dineros.
El propulsor del proyecto legal, el legislador oficialista Juan Carlos Cassinelli, que también preside la Comisión de Desarrollo Económico, indicó que existe "un universo de gente que tiene deudas por más de 75.000 dólares".
Por ello, dijo, la normativa "determina un tratamiento progresivo para darle justicia a este tema del recálculo, sabiendo lo que le cuesta al Estado hacerlo en la manera como está planteada".
Además, el proyecto establece que los beneficios del "recálculo" y la "reliquidación" establecidos en la ley se aplicarán exclusivamente para los clientes que lo pidan y que no estén vinculados a los administradores de los bancos que fueron cerrados.
El Banco Central, la Superintendencia de Bancos y otras instituciones públicas que, por mandato de la ley, deban efectuar acciones dentro del proceso de cierre de la crisis bancaria de 1999, presentarán a la Asamblea Nacional cada semestre un informe detallado del cumplimiento de la normativa.
Asimismo, determina que la Fiscalía, la Contraloría (Juez de cuentas del Estado) y otras entidades involucradas en el proceso investigarán a los responsables de la crisis.
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