Piden investigar por qué se autorizó a BFA recomprar preferentes con pérdidas

Madrid, 7 oct.- Una de las acusaciones del "caso Bankia" ha solicitado al juez Fernando Andreu que investigue por qué el Banco de España autorizó a BFA -matriz de Bankia- en marzo de 2012 una operación de recompra de preferentes que podía suponer hasta 1.000 millones de euros en pérdidas para la entidad.

En un escrito remitido al magistrado de la Audiencia Nacional, el despacho de abogados Jausas pide que se indague quiénes fueron los beneficiarios de la operación y sus relaciones con los dirigentes y empresas del grupo Bankia, así como quién y cómo se tomó la autorización en el Banco de España, por si cupiera pedir responsabilidades a la Administración del Estado.

BFA pidió autorización para recomprar participaciones preferentes y deuda subordinada emitidas por seis de las siete cajas que formaron el grupo hasta un importe máximo de 1.277 millones de euros a cambio de que los titulares de esos valores aceptaran "de forma incondicional e irrevocable" acciones de Bankia.

En su informe, el Banco de España recordaba que BFA "pagaría un mínimo del 75 % y un máximo del 100 % por unos pasivos propios que contablemente están registrados por el 100 %, pero que dos expertos han valorado en solo al 21 %".

La consecuencia, añadía el supervisor, es que el tenedor de los productos híbridos conseguiría un beneficio, pero que el "lucro cesante" para BFA "podría ser de hasta 1.000 millones en caso de 100 % de aceptación y de fidelización".

A pesar de ello, el Banco de España autorizó la operación al considerar que mejoraría la solvencia y la liquidez de BFA-Bankia y que se evitarían "posibles reclamaciones" de los preferentistas.

En el escrito remitido al juez, al que ha tenido acceso Efe, el abogado Jordi Ruiz de Villa, que representa a accionistas de Bankia que también tenían preferentes, señala: "En definitiva, el Banco de España contribuyó y permitió una operación fraudulenta que además generó imagen de que el grupo era más solvente ¡Increíble!".

El letrado considera que la operación tuvo un efecto "muy perjudicial" para los preferentistas, ya que la despatrimonialización de BFA en 1.000 millones disminuyó las garantías de los acreedores del grupo, entre los que se encontraban éstos, y además se liberó a los acreedores de emisiones antiguas "de la obligación de asumir parte de las pérdidas que en ese momento ya se vislumbraban para Bankia".

La acusación solicita por ello al juez que requiera a BFA para que aporte la lista de tenedores de preferentes y deuda subordinada cuya amortización solicitó en marzo de 2012, "así como su grado de relación con las sociedades del grupo BFA-Bankia o sus directivos".

También le pide que requiera al Banco de España para que aporte "copia de la totalidad del expediente" derivado de la solicitud de BFA, así como la "transcripción literal" de las actas de los órganos directivos del supervisor en los que se trató este asunto y los correos electrónicos recibidos y enviados al respecto.

El pasado 17 de septiembre, el director general de BFA y director de participadas de Bankia, Manuel Lagares, admitió en su declaración como testigo ante el magistrado que propuso esa operación al consejo de administración del banco "en atención a la clientela" y para proteger a ésta.

Lagares, que fue preguntado por el informe en el que el Banco de España advertía de las pérdidas que la operación supondría para la entidad, dijo que desconocía ese documento, asegurando que debía ser "un informe interno", y añadió que solo tuvo noticia del que autorizaba la recompra.