Por eso recibieron dinero: las entidades ayudadas deben asumir más de la mitad de la reforma

La reforma del sistema financiero aprobada por el Gobierno va a dejar indiferente a muy pocos. Después de que el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunciara la semana pasada las nuevas exigencias de los bancos y las cajas de ahorros, todo el sector se ha puesto a hacer cálculos.

De momento, sólo se conocen las cifras de nueve entidades financieras (BBVA, Santander, Banesto, CaixaBank, Sabadell, Popular, Bankinter, KutxaBank y Unicaja) y sus previsiones apuntan a que necesitan un total de 23.714 millones de euros para sanearse. O, lo que es lo mismo, un 47,4% de los 50.000 millones que ha fijado el Ejecutivo.

Pero lo más inquietante es que la cantidad multimillonaria restante (26.286 millones) la deben recaudar entre catorce entidades. Alguien puede pensar que son muchas empresas para tan pocos millones, o que sólo entre las nueve anteriores reúnen la mitad de ese dinero.

Razones no faltan para formar este argumento, aunque el verdadero problema es que, entre esos bancos y cajas que aún no han desvelado cómo les afectará la reforma del sector, hay cuatro entidades intervenidas (NovaGalicia, Unnim, CatalunyaCaixa, Banco de Valencia) y otras cuatro ayudadas (Bankia, Banca Cívica, Banco MareNostrum y Caja España). Precisamente, de las más afectadas por el ladrilloy cuyas cúpulas han visto limitados sus sueldos.

El simple hecho de que hayan recibido ayudas públicas deja claro que estas entidades tienen problemas, lo que lleva a pensar que sus necesidades de provisiones (el colchón que crean para afrontar épocas de vacas flacas) también serán muy elevadas.

Y es que el dinero que todas ellas deben guardar en su hucha tiene que ser suficiente como para cubrir parte de los créditos inmobiliarios dudosos, es decir, los que corren el riesgo de no ser recuperados; los normales, que se provisionarán por si se convierten en problemáticos en el futuro; y también los activos que tienen en cartera.

Además, se suman otras cinco entidades a esa lista que aún no ha anunciado el impacto de la nueva normativa financiera: Banco March, Liberbank, Caja 3, Caixa Pollença y Caixa Ontinyent, cuyo peso dentro del sector es muy reducido.

"La cifra es muy curiosa, simplemente porque apunta que el saneamiento de los gigantes financieros no representa ni la mitad del ajuste que necesitan las demás entidades. Esto refleja las dificulltades que está atravesando una parte del sistema financiero", confiesan fuentes del sector.

No obstante, estos trece bancos y cajas también cuentan con un tanto a su favor. Y es que, a pesar de que el impacto total de la reforma en BBVA, Santander, Banesto, CaixaBank, Sabadell, Popular, KutxaBank, Bankinter y Unicaja asciende a 23.714 millones, parte de ese dinero ya está reservado.

De hecho, según han confirmado individualmente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en realidad sólo necesitan provisionar 6.008 millones adicionales para cumplir con las exigencias del Gobierno. Esto significa que, del impacto de la reforma financiera, tienen guardado tres cuartas partes (concretamente, el 74,6%).

Por ejemplo, el Grupo Santander (que incluye Banesto) necesita 6.100 millones de euros, aunque la reforma financiera apenas le supondrá unas provisiones extra de 2.300 millones. A BBVA le ocurre algo muy parecido: el impacto de la normativa en el banco azul ronda los 4.000 millones, de los cuales, 2.640 millones ya están cubiertos.

Esta tendencia se mantiene en el resto de casos, e incluso hay dos entidades (Popular y Kutxabank) que han anunciado que no necesitan dinero adicional, y otro (Bankinter) que reconoce tener un déficit de apenas 31 millones.

Por eso, y si las entidades pendientes mantienen esta línea, es posible que las necesidades reales estén muy por debajo de esos 26.286 millones.

Además, como asegura un economista consultado por lainformacion.com, "la primera lectura de esos 50.000 millones que se deben provisionar parece ser una cantidad asumible y soportable, sobre todo, teniendo en cuenta que deben lograrse en este año. Tampoco podemos olvidar que lo más lógico es que el Gobierno haya hecho muchos cálculos, y que no se haya tirado a la piscina dando una cifra exagerada. Esos millones representan, nada menos, que un 5% del PIB español, y no se puede jugar con unas cantidades tan altas".