¿Por qué es sagrado el estatus de los funcionarios?

Cada vez se está echando madera en la caldera de un proceso que nos mete de lleno en la tercera fase de la crisis. Esta nueva etapa, marcada por los recortes de costes y los ajustes de cuentas, va a llegar hasta el último rincón de la última casa, y ya no se escapa ni la Administración, cuyos altos cargos van a ver tocado su bolsillo. Sin embargo, el Gobierno se resiste a pedir un esfuerzo a los funcionarios de a pie y congelarles el sueldo, cuando debería ser la lógica consecuencia de la situación en que estamos metidos.

La primera fase de la crisis nos hizo a todos más pobres. Se desplomaron los mercados financieros y con ellas nuestras inversiones en acciones, fondos y planes de pensiones. Un proceso al que se unió en España –como en Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda- el estallido de la burbuja inmobiliaria. El resultado es que si queremos vender nuestras viviendas, tendremos que rebajar el precio. Pero, vendamos o no, lo cierto es que nuestras casas valen hoy mucho menos, es decir, somos un poco más pobres aunque sigamos debiendo los mismo al banco.

En la segunda fase, las empresas han despedido –otras han echado el cierre-, han congelado los salarios, e incluso han pactado con sus empleados rebajas temporales de sueldo para evitar la debacle. Ésta ha sido la tónica de un 2009 infernal, que ha puesto a régimen a nuestra economía. Esta etapa, que vive sus últimos coletazos, se solapa ya con la tercera, que es la del ataque directo al bolsillo de los españoles y a las condiciones de contratación.

Y en este escenario se acabaron las medidas tintas. Mucho ha tardado el Gobierno en decir que va a atacar de frente y por derecho al fraude fiscal y a ese otro fraude que se disfraza de absentismo laboral, por no hablar de la economía sumergida. Falta que lleve a la práctica esta ofensiva, porque ya sabemos cómo se las gasta el Gobierno cuando de echar a andar se trata. O se olvida del asunto o lo manda a una comisión para ser debatido.

De lo que se trata es de dar ejemplo. Y la Administración –la central y las otras- deberían hacer el ajuste sí o sí. Cuestión de viabilidad y de las arcas del Estado. La propuesta de fusionar empresas públicas y los recortes salariales que conlleva en la alta dirección, o la posibilidad de reducir la retribución variable en el cuerpo de inspectores de Hacienda son el primer aviso de lo que debería venir.

La cuestión en la res pública no es congelar ni rebajar salarios, sino terminar con sus ineficiencias. El asunto es si España puede sostener administraciones tan infladas como la extremeña sin hacer crack de un momento a otro.Cuatro millones de parados–con un brutal coste para las arcas públicas de 2.923 millones sólo en enero- y una situación desesperada en miles de hogares y corporaciones locales obligan a un ajuste duro y, sobre todo, solidario. Si España somos todos, que empiece a notarse. ¡Ya!