El portavoz del PP en la Diputación de Cáceres, Alfredo Aguilera, ha pedido el "cese inmediato" del diputado de Personal, Miguel Salazar, por el "caos organizativo" que existe en el área de su responsabilidad y por la "desautorización pública" que, a su juicio, hizo la presidenta de la institución, Rosario Cordero, en el último Pleno cuando dejó encima de la mesa tres expedientes tramitados por el departamento de Salazar.
Aguilera considera que en los 16 meses de legislatura, Salazar ha protagonizado varios capítulos que avalan la petición de su cese como cuando, a principios de mandato, el diputado fue apartado del área del Servicio de Extinción y Prevención de Incendios (Sepei) por "las protestas de los bomberos".
Tras designar a una nueva directora del Área de Personal, ésta ha sido ya destituida en agosto y, acto seguido, fue nombrado un nuevo director de área, mientras que "todos" los nombramientos de cargos directivos han sido reparados por el Servicio de Intervención, "tanto por la irregularidad de sus nombramientos, como por ejercer funciones para las que no están cualificados", ha recordado Aguilera en rueda de prensa.
El portavoz 'popular' ha recordado que el Reglamento Orgánico está recurrido en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), "sobre todo por lo relativo a personal y al nombramiento de altos cargos".
Además, en el mes de abril se retrasó el pago de la nómina de los empleados públicos "por primera vez en muchos años debido a los reparos de Intervención y a la incapacidad de solventarlos" y "el malestar entre los empleados públicos es manifiesto y latente por la descoordinación que reina en materia de personal", añade.
También ha criticado que la Comisión Informativa de Personal "se reúne generalmente mal y tarde con expedientes incompletos o informes complementarios que llegan tarde" y "los nombramientos de cargos directivos están repletos de irregularidades hasta el punto de tener que convocar las plazas en el Boletín Oficial de la Provincia tras más de un año desempeñando el cargo".
"Hemos denunciado públicamente un proceso de selección de personal que estaba preparado para una persona, con nombre y apellidos, y así se ha confirmado en el puesto laboral temporal de alta dirección como director adjunto de Asesoramiento Financiero y Jurídico a Entidades Locales", recalca Aguilera.
En su intervención ha recordado que durante estos meses de gobierno del PSOE se ha negociado una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), se han realizado varias modificaciones, un reconocimiento del Complemento de la Carrera Profesional, o un nuevo acuerdo con los bomberos y "en nada de todo esto se ha consultado a la oposición", se lamenta.
"Hemos solicitado en varias ocasiones informes que se nos deniega sistemáticamente, como el acuerdo con los bomberos y nada de nada", recalca, al tiempo que califica de "mentira" que se diga que la aportación al complemento de productividad de los bomberos, que supondrá un desembolso de 800.000 euros, es para "afrontar compromisos adquiridos por la anterior corporación provincial".
En este sentido ha recordado que el anterior equipo de Gobierno negoció con los bomberos "una subida de poco más" de 400.000 euros "y ellos la han elevado al doble". "Además, nosotros aprobamos una revalorización del complemento de peligrosidad y ellos no sabemos lo que están haciendo porque nada nos informan", insiste.
DIPUTADO Y SINDICALISTA
En cualquier caso, Aguilera ha recordado que el diputado de Personal "es o ha sido representante de UGT" y el actual director de Personal "es o ha sido representante del sindicato TECAE y fundador". "Si en las negociaciones dos de los sindicatos mayoritarios son UGT y TECAE, ¿Quién representa los intereses de la Diputación ante la demanda de los sindicatos?", se pregunta el PP.
A pesar de esta retahíla, desde las filas del PP la gota que ha colmado el vaso ha sido lo ocurrido en el Pleno de la Diputación Provincial el pasado 28 de octubre cuando la presidenta dejó encima de la mesa tres puntos por defectos de forma, "después de que los hubiera defendido públicamente el propio diputado".
Los tres puntos que quedaron aplazados son una modificación puntual de la RPT, la regulación de la denominada Carrera Profesional Horizontal y la gestión de nuevas bolsas de trabajo en la institución provincial. El PP considera este hecho una "desautorización pública" por parte de la presidenta provincial a su diputado, por lo que pide el "cese inmediato" de Miguel Salazar "ya que él no ha presentado la dimisión como debería haber hecho tras ese Pleno", ha concluido Aguilera.
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