Rato contó a Montoro que iba a la amnistía pero nada de sus bienes en el extranjero

En el otoño del 2012, poco antes de finalizar el plazo para que los contribuyentes se acogiesen a laamnistía fiscal,Rodrigo Ratole explicó aCristóbal Montoroque tenía algún dinero en el extranjero y se planteaba aflorarlo aprovechando la oportunidad, publica este lunes La Vanguardia.Así, Montoro defendió la norma que él había sacado adelante forzado por la extrema crisis fiscal del Estado y le recomendó a Rato aprovecharla.

Al parecer Montoro nunca informó a Rajoy de las intenciones del exvicepresidente de Aznar. El Ministro de Hacienda mantuvo silencio. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. En la Agencia Tributaria la llegada de la Declaración Tributaria Especial de Rodrigo Rato provocó conmoción, por la relevancia política del contribuyente pero también por el ridículo importe aflorado. El exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional decidió figurar en la lista de amnistiados fiscales declarando unos fondos opacos de 115.333 euros, por los que pagó a Hacienda 11.533,35 euros. Incredulidad fue la reacción en los servicios de la Agencia. (Según Hacienda su patrimonio alcanzó los 27 millones).

Pese a ello, la confesión de Rato, hace ahora dos años y cinco meses, quedó registrada sin más incidencias. En marzo de 2013, apenas cuatro meses después de acogerse casi simbólicamente a la amnistía, Rato presentó la declaración de bienes en el extranjero del 2012, la 720, que según las fuentes consultadas se contradecía abiertamente con la anterior, aflorando bienes que eran desconocidos para el fisco. Entonces algunos empezaron a pensar que cuando Rato le comunicó sus intenciones a Montoro estaba en realidad pidiendo comprensión y benevolencia en el tratamiento de su compleja realidad fiscal y económica. El ministro de Hacienda ha negado siempre cualquier pacto de impunidad ni compromiso con su antiguo compañero de partido y de gabinete.

Si Rato buscaba ayuda, lo que se produjo en la práctica fue vía libre para la investigación sobre esos bienes y su origen.

Todas las declaraciones de los más de 30.000 contribuyentes que en noviembre del 2012 acudieron a la amnistía fueron analizadas por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). Se trata de una "unidad especializada en la captación de información, en la investigación básica del fraude fiscal" en la que trabajan 200 inspectores de alto nivel y que fue creada en 1998 siendo precisamente Cristóbal Montoro el secretario de Estado. Entre las áreas que quedan bajo su control, como adjunta al jefe de la ONIF, se encuentra la unidad de Vigilancia Aduanera, una especie de policía específica que tendrá especial relevancia en la investigación de Rodrigo Rato.

En las fecha en que arranca la investigación a Rato, la ONIF estaba dirigida por Santiago Menéndez, que ocupaba el cargo desde hacía poco más de un año, enero del 2012. En ese periodo comienza el análisis de los datos fiscales de Rato. Menéndez nombró como sustituta suya al frente de la ONIF a Margarita García-Valdecasas, barcelonesa, hermana de Julia García-Valdecasas, la fallecida ministra de Administraciones Públicas de José María Aznar. La nueva responsable de la lucha contra el fraude inició su carrera profesional en la Generalitat de Jordi Pujol en 1983 y en su juventud fue novia formal de Artur Mas. García Valdecasas se ha forjado reputación de dura en el análisis de los expedientes de los contribuyentes y poco dada a componendas con las conveniencias políticas.

En el tránsito entre Menéndez y Valdecasas, a las puertas del verano del 2013, el expediente de Rodrigo Rato acabó cobrando forma y arrancó la investigación formal. Montoro recibió entonces la información y dio el primer paso fuera de su ministerio. Informó a Mariano Rajoy y a nadie más sobre el inquietante asunto.

En septiembre del año pasado, Montoro acudió a petición propia al Parlamento para hablar sobre la lucha contra el fraude fiscal. En realidad, para cargar contra Jordi Pujol, el presidente de la Generalitat durante 23 años. Y lo hizo con mucha dureza. Desde el entorno del ministro se asegura que en aquella comparecencia se estaba dirigiendo ya a Rato.

Mientras, la ONIF continuaba con el análisis de todas la declaraciones de quienes se habían acogido a la amnistía. La lista se remitió al Sepblac en febrero y el nombre de Rato se divulgó el 14 de abril desencadenando la operación de registro y detención temporal.

Precisamente en el curso de esa investigación, en enero pasado, los inspectores de la ONIF acudieron a la Fiscalía Anticorrupción. Según aseguran, Anticorrupción no tenía interés en la investigación porque temía que contaminara la instrucción del caso Bankia.

La ONIF temía archivar esos papeles. Y se decidió acudir a la unidad de delincuencia económica de la Fiscalía de Madrid. Mientras se producía el intercambio de información entre ambos organismos se produjo la filtración mencionada.

Esa tarde supo el Gobierno que se iban a producir registros al día siguiente. El efecto sorpresa es vital para evitar que desaparezcan pruebas, motivo por lo cual la ONIF decidió actuar a través de su unidad adjunta de Vigilancia Aduanera. Como ejerce funciones limitadas de policía judicial, según fuentes directamente implicadas ene el operativo, sus responsables pidieron a los fiscales de Madrid que se les habilitara la posibilidad de detener a Rato en el caso de que se negara a acompañarles en los registros. En la resolución del juez, esa posibilidad se convirtió en decisión firme y la detención de Rato se convirtió en una gra polémica.

Montoro y los ministros directamente implicados en el expediente, como el de Justicia, Rafael Catalá, y el propio presidente del Gobierno, se enteraron pasadas la una de la tarde de ese jueves que Rato iba a a ser detenido.