Ruiz-Mateos afirma que Junta de Andalucía controlaba los pagos de sus 5 ERE

  • La familia Ruiz-Mateos ha asegurado que la Junta de Andalucía controló y supervisó todos los pagos que se efectuaron por parte de las cuatro empresas andaluzas del grupo Nueva Rumasa, en las que se realizaron en conjunto cinco procesos de Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

Madrid, 1 abr.- La familia Ruiz-Mateos ha asegurado que la Junta de Andalucía controló y supervisó todos los pagos que se efectuaron por parte de las cuatro empresas andaluzas del grupo Nueva Rumasa, en las que se realizaron en conjunto cinco procesos de Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

Según ha indicado la familia en un comunicado, los ERE se realizaron en la empresa Dhul de Granada (dos expedientes), en las bodegas Garvey y Zoilo Ruiz-Mateos (Jerez de la Frontera) y en el Hotel Cervantes (Torremolinos).

Han explicado que estos ERE se realizaron para "rejuvenecer las plantillas de cada una de las compañías, sustituyendo íntegramente el personal que se prejubilaba por personas más jóvenes".

Según han asegurado, "todos y cada uno de los cinco ERE se realizaron de acuerdo perfectamente a la legalidad y fueron aprobados y concedidos por la Junta de Andalucía en su día, que era la encargada de autorizarlos y realizarlos bajo su control".

Han precisado que "todos los pagos que se efectuaron para ello por parte de las empresas para poder realizar dichos Expedientes, tanto a los trabajadores como a las compañías de seguros, estaban controlados y supervisados por la propia Junta de Andalucía, de lo contrario no podrían haberse realizado dichos ERE".

En este sentido, han añadido que los cinco ERE a los que se acogieron sus empresas se realizaron "de plena conformidad, con la supervisión, autorización y satisfacción de todos los miembros de los comités de empresa de cada una de las compañías, sin que conociéramos ningún tipo de irregularidad".

Han afirmado que desconocen "total y completamente el uso y disposición que determinadas personas hayan podido hacer de los fondos públicos disponibles para los ERE y que actualmente está bajo investigación judicial".

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