Ruiz Mateos, citado en Juzgado de Palencia al pedir embargo de 97,5 millones

Palencia, 16 abr.- El Juzgado de lo Mercantil de Palencia ha citado a declarar el próximo miércoles a José María Ruiz Mateos después de que la administración concursal de Trapa haya pedido el embargo preventivo de los bienes y derechos de los anteriores administradores de la sociedad por 97,5 millones de euros.

Fuentes judiciales han informado hoy a Efe de que en la vista oral que tendrá lugar en ese Juzgado también han sido citados los anteriores administradores de la empresa chocolatera.

El embargo cautelar de bienes -concretamente 97.514.498 euros-, a juicio de la administración concursal de la empresa de chocolates debería afectar a José María Ruiz Mateos y al administrador único de Mitelman SL, Santiago Agustín Hernández.

También afectaría a la administradora única de Productora de Chocolates SL y Soluciones Comerciales Trapa SL, María Susana Álvarez Ampuero; y al administrador único de Brookfield Promociones 21 SL, Edwin-Salvador Cortez Beltrán.

La sociedad Trapa está formada por las empresas Mitelman SL, Brookfield Promociones 21 SL, Soluciones Comerciales Trapa SL y Productora de Chocolates SL.

Los actuales gestores de Trapa argumentan su petición al juez en que José María Ruiz Mateos y el resto de administradores de las cuatro sociedades que forman la empresa chocolatera supuestamente han podido intervenir en lo que en "concurso culpable", es decir, generación de insolvencia a través de desvío de fondos y su agravamiento.

Asimismo, esta petición de embargo preventivo podría ampliarse en el futuro, si la administración concursal lo considera pertinente con las pruebas que pudiera recabar, a Álvaro y Pablo Ruiz Mateos Rivero, hijos de José María, o terceras personas, cónyuges, parientes o asesores en función de sus posibles tareas en las sociedades de Trapa.

Los administradores concursales de las sociedades que conforman Trapa solicitaron al juez que suspendiera las facultades de los anteriores administradores y que éstas pasaran a ellos, como así ocurrió posteriormente por decisión de la propia autoridad judicial, después de constatar la existencia "de una opacidad y desconocimiento" sobre quiénes eran los dueños reales de las empresas que entraron en concurso de acreedores.