Salvar a banco Dexia ha costado a Francia 6.600 millones de euros hasta ahora

París, 18 jul.- El doble salvamento del banco franco-belga Dexia, en 2008 y 2012, le ha costado al erario público francés 6.600 millones de euros hasta ahora, según los datos publicados hoy por el Tribunal de Cuentas, que criticó una búsqueda tardía de responsabilidades.

En un informe dedicado a Dexia, en el que subrayó las "debilidades estructurales" desde la constitución de la entidad en 1996, el Tribunal de Cuentas precisó que el Estado ha tenido que poner 2.700 millones de euros, a los que se suman 3.900 de la Caisse des Dépots et Consignations (CDC, organismo financiero estatal).

En el primer programa para evitar la quiebra del banco, el Estado aportó 1.000 millones de euros para la ampliación de capital y la CDC otros 1.700 millones.

Con el estallido de la crisis de las deudas soberanas de los países periféricos de la zona euro, pese a que Dexia había aplicado el plan de reestructuración que le impuso la Comisión Europea como condición de las ayudas públicas, fue necesaria una segunda intervención.

Eso se tradujo, a finales de 2012, en una nueva ampliación de capital a la que la parte francesa contribuyó con 2.580 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas hizo notar los "riesgos futuros" a que podría estar expuesto el banco franco-belga, porque su modelo de financiación no ha cambiado, "sigue siendo muy sensible a un incremento de los tipos de interés y probablemente no tiene un horizonte mucho más lejano que 2020".

Además, otra rémora son los "créditos tóxicos" que la entidad colocó (en particular a administraciones locales) que son "susceptibles de provocar suspensiones de pagos o contenciosos".

Por otro lado, reprochó que se empezaran a buscar con retraso responsabilidades, una vez destituidos los dos principales dirigentes, el que fuera presidente Pierre Richard y el administrador delegado Axel Miller y renovado de forma "sustancial" el consejo de administración en 2009.

Se quejó de que los antiguos dirigentes hubieran podido conservar sus retribuciones tras dejar el grupo.

A ese respecto, la entidad francesa de control administrativo se felicitó de los proyectos de supervisión bancaria que están en marcha y sobre todo el hecho de que sea el Banco Central Europeo (BCE) el que se encargue de ese trabajo.

Pero a continuación añadió que "esas reformas deben profundizarse, en particular en la responsabilidad de los dirigentes" ya que "las sanciones tendrían que definirse más claramente, ser más fuertes y aplicarse sistemáticamente en caso de una ayuda pública a la reestructuración".