Senado paraguayo cuestiona actuación policial contra campesinos en sojales

Asunción, 28 ene.- La Comisión Especial del Senado paraguayo cuestionó hoy al ministro del Interior, Francisco de Vargas, por la actuación policial en distintos enfrentamientos entre agentes que protegían fumigaciones de sembrados de soja y campesinos que las rechazan porque dicen que afectan sus cultivos de subsistencia.

Los miembros de la Comisión Especial del Senado pidieron explicaciones al ministro por las denuncias realizadas por 8 campesinos que fueron supuestamente secuestrados y torturados por agentes policiales el pasado 15 de enero en el asentamiento Tapiracuái Loma, departamento de San Pedro.

Según los senadores, los policías retuvieron a los campesinos en un latifundio, donde ocurrieron los abusos, que actualmente investiga la Fiscalía.

Los congresistas también reclamaron a De Vargas que explique por qué la Policía disparó con balines de goma a campesinos que reclamaban la detención de una fumigación la semana pasada en el distrito de General Resquín, en el mismo departamento.

"Los fiscales no pueden dar orden a la Policía para que actúe en protección a las fumigaciones, ahora vemos que eso está cambiando, el último procedimiento fue con orden judicial pero no se ajusta al marco legal. En el tema fumigaciones casi no existe ningún respeto al marco legal", dijo Hugo Richer, senador del izquierdista Frente Guasú.

Un campesino perdió un ojo tras recibir el impacto de un balín en ese enfrentamiento, mientras participaba de una protesta para intentar evitar que un tractor fumigara una plantación de soja a tan solo 20 metros de la colonia Crescencio González.

Las familias campesinas se quejan de que los productos químicos contaminan o destruyen sus propios cultivos.

Las normas paraguayas prohíben la fumigación con agroquímicos si la temperatura supera los 32 grados. En ese caso el tractor comenzó a fumigar cerca de las 10 de la mañana con una temperatura de unos 36 grados.

"Si un fiscal ordena un acompañamiento a una fumigación ilegal, si un juez ordena que se acompañe una fumigación, un envenenamiento ilegal, según lo que entendemos nosotros no hay ley de obediencia debida" a esa orden, espetó durante la sesión el congresista Luis Wagner, del opositor Partido Liberal.

"Lo que no podemos aceptar es que un juez ordene la protección de un envenenamiento", añadió Wagner.

El ministro del Interior defendió la actuación de la Policía pero al mismo tiempo aseguró que su institución investiga la actuación de los agentes.

"Hemos asumido de forma conjunta, entre poder Legislativo y Ministerio, de preocuparnos de esta situación, por desalojos y fumigaciones. Queremos dar luz sobre la actuación, si han ocurrido desmanes, excesos, nos comprometemos a reverlo", manifestó el ministro a periodistas tras la sesión.

De Vargas se mostró preocupado por las resoluciones judiciales que ponen a la Policía "entre la espada y la pared".

"Tenemos que ver que esas resoluciones se adecúan a la Ley. El acatamiento de esas resoluciones judiciales nos pone en esta situación de conflicto que estamos obligados a solucionar", añadió.

El ministro se comprometió a preparar un protocolo de actuación policial para situaciones similares y así evitar las "supuestas torturas" y agresiones a manifestantes.

"Creo que en el protocolo va a ser importante para que podamos conocer, debatir y que la ciudadanía conozca que estamos tratando de hacer lo mejor posible para que se eviten los conflictos en nuestro país", explicó el senador Wagner.

Los productores de Paraguay, tercer exportador de soja a nivel mundial, con cerca de 3 millones de hectáreas dedicadas al cultivo de esta planta, se encuentran en estos meses realizando las fumigaciones previas a la cosecha.

La mayor parte de las plantaciones de soja del país son cultivos transgénicos, es decir, modificados genéticamente para que no les afecte el uso de agroquímicos, que destruyen el resto de la vegetación.