Suspenden firma de acuerdo para proyecto hidroeléctrico en Guatemala

Guatemala, 14 dic.- Un grupo de guatemaltecos que se opone a un proyecto hidroeléctrico autorizado por el Gobierno impidió hoy la firma del acuerdo entre las autoridades municipales y la empresa española que pretende desarrollarlo en la comunidad indígena de Santa Cruz Barillas, en el oeste del país.

El convenio iba a ser suscrito entre la municipalidad de Santa Cruz Barillas, representantes de 21 Comités Comunitarios de Desarrollo y la española Hidro Santa Cruz, sociedad gestionada y participada por la empresa gallega Hidralia Energía.

El representante de Hidro Santa Cruz, el español Luis Castro, explicó a la radio local que cuando este viernes se disponían a firmar el convenio un grupo de vecinos irrumpió en el Ayuntamiento.

Debido a conatos de enfrentamiento y por falta de condiciones de seguridad, la firma fue suspendida hasta una nueva fecha aún por determinar, explicó el ejecutivo.

"Seguiremos negociando" porque "es un pequeño grupo el que se opone" al proyecto, declaró Castro, quien resaltó que el convenio establece el compromiso de la empresa española de otorgar cada año unos dos millones de quetzales (253.485 dólares) para ayudar al desarrollo de Santa Cruz Barillas.

Según el alcalde de la localidad, Cándido López, el acuerdo con Hidro Santa Cruz para recibir cada año el aporte económico se logró en una mesa de diálogo en septiembre pasado.

El proyecto hidroeléctrico, denominado "Canbalam", fue autorizado por el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala y prevé generar unos 35.000 megavatios/hora al año, según la información oficial.

Grupos de vecinos de esa localidad se oponen al desarrollo del proyecto hidroeléctrico por considerar que contaminará el ambiente y un afluente de agua.

Santa Cruz Barillas fue escenario en mayo pasado de violentos disturbios desatados por la muerte de un lugareño supuestamente a manos de dos agentes de seguridad de la empresa española, quienes fueron detenidos en su momento por las autoridades.

Aquella protesta, en las que cientos de pobladores causaron destrozos y atacaron el destacamento militar de Santa Cruz Barillas, obligó al Gobierno a decretar un estado de sitio que se extendió dos semanas e incluyó el despliegue en el lugar de medio millar de soldados.