Toros: un negocio de 2.500 millones de euros prohibido ya en Cataluña

Cataluña no es, ni mucho menos, una comunidad autónoma clave en el negocio taurino. Ni cuenta con ganaderías de bravo ni con plazas de toros de importancia con la única excepción de la Monumental de Barcelona.

Sin embargo, la pérdida de imagen tanto nacional como internacional–once medios extranjeros seguirán hoy in situ la votación- que va a sufrir el mundo del toro tras la decisión de la mayoría de los parlamentarios catalanes de prohibir las corridas puede provocar importantes efectos colaterales. Un impacto que puede ser especialmente relevante en lo económico, máxime en un escenario de crisis como el actual.

En entredicho y a partir de 2012 abocado a la desaparición en una Cataluña en la que vivió tiempos mejores -no tan lejanos, como la reaparición en 2007 de José Tomás en Barcelona- está un negocio, el del toro, que mueve entre 2.500 y 3.000 millones de euros al año.

Más allá de la batalla entre los taurinos y los anti que abogan por la prohibición, las cifras cantan. En estos momentos, hay en España 1.200 empresas ganaderas dedicadas a la producción de toros de lidia que generan unos 3,7 millones de jornales al año.Los números dicen también que unas 200.000 personas viven de una industria que da empleo no sólo no sólo a toreros, cuadrillas y ganaderos. Del toro se nutren veterinarios, empresas de transporte especializado, personal de fincas y de mantenimiento de las plazas de toros, empresas de alimentos para ganado, encargados de productos zoosanitarios, fabricantes de utensilios taurinos y sastres.

Para hacerse una idea de lo que mueve la llamada Fiesta Nacional, la crianza del toro bravo exige el mantenimiento de unas 550.000 hectáreas de dehesa. Para algunas economías, el negocio del toro es básico. Por ejemplo, sólo en Extremadura, el sector taurino mueve 800 millones de euros al año y da empleo a un millar de personas, según los datos del Patronato de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz. Sólo la comunidad extremeña, donde mayor arraigo tiene el toro bravo, cuenta con 122 ganaderías.

Tampoco es un asunto baladí que la votación de hoy se ha producido en un contexto de dificultad para la industria taurina, tocada también por la crisis económica. En plena crisis, el sector generó el año pasado 2.500 millones de euros en un ejercicio marcado por la reducción, en un 22%, del número de festejos celebrados respecto al año anterior y de un tercio frente a 2007, según datos de la Unión de Criadores de Toros de Lidia.

El sí de Cataluña a la prohibición no supone un desastre para el sector en términos de facturación, pero sí se interpreta como un un gran signo de debilidad. Y sobre todo, puede generar un efecto contagio.  De hecho, en la Comunidad de Madrid, la protectora de animales El Refugio ha recogido las firmas necesarias para promover una iniciativa legislativa popular (ILP) contra el espectáculo taurino. Una propuesta que el Parlamento de Madrid tendrá que debatir.

Aunque la iniciativa de Madrid no tiene posibilidad alguna de salir adelante por la mayoría del Partido Popular -ferviente defensor de la Fiesta, a la que ha declarado Bien de Interés Cultural en Madrid-, el desgaste para el universo taurino es evidente.

El caso de Barcelona

Con la propuesta abolicionista ya aprobada, las primeras damnificadas serían las arcas de las Generalitat. Eso dice al menos un informe elaborado por la el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona (UB) Vicente Royuela, que estima que prohibir las corridas de toros en Cataluña costaría cerca de 300 millones de euros a la Generalitat en concepto de indemnizaciones al sector taurino.

El argumento de Royuela, miembro de la Plataforma de Promoción y Difusión de la Fiesta (PPDF) que ha difundido el documento, es que la administración catalana debería compensar a los organizadores de las corridas si éstas se declaran ilegales y las empresas pierden su licencia de actividad, que tiene una duración legal de 99 años.La plaza de toros de Barcelona genera anualmente una actividad económica superior a los 4 millones de euros, que multiplicados por los 99 ejercicios que podría continuar operando bajo la ley actual, arroja el volumen que deberían alcanzar las indemnizaciones, según los cálculos expresados en el informe.