Alicante, 18 abr.- La Generalitat Valenciana sigue con la tramitación ordinaria del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante "con arreglo a la ley" y al margen de las investigaciones judiciales del caso Brugal porque hasta el momento no ha habido un pronunciamiento de los tribunales al respecto.
Así lo ha explicado a los periodistas la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, tras inaugurar las obras de urbanización del barrio de Vistahermosa-Norte de Alicante junto a la alcaldesa, la popular Sonia Castedo, que figura como implicada en esta pieza separada del Brugal que indaga las supuestas ilegalidades en el diseño del PGOU a favor del promotor Enrique Ortiz, imputado.
Según la consellera, la tramitación administrativa del PGOU y la investigación judicial del Brugal "son dos cosas diferentes".
"Mientras que nosotros (la Generalitat) no tengamos un pronunciamiento judicial o haya una medida cautelar, seguiremos tramitando el PGOU de Alicante y cualquier otro de acuerdo con lo que marca la ley y solicitando todos los informes y siguiendo todos los pasos", ha explicado.
"Si después se toma alguna decisión judicial y se comunica, obviamente la Conselleria estará a disposición de esas decisiones o resoluciones de los tribunales", ha precisado Bonig.
En todo caso, ha destacado que "de momento" el PGOU alicantino ha entrado en los servicios territoriales de la Conselleria para su estudio y la elaboración de los distintos informes sectoriales, por lo que "la obligación de la Administración es, como con cualquier otro expediente, tramitarlo con arreglo a la ley".
Acerca del plazo de tramitación, ha comentado que no hay un periodo preestablecido y ha puesto como ejemplo que algunos municipios llevan entre 6 y 7 años de tramitación.
Por su parte, Castedo ha sido preguntada por la próxima exposición pública del PGOU, que será la tercera, sobre lo que ha comentado que la tramitación del documento es "muy compleja" y ha asegurado que volverá a salir por tercera vez a fase de alegaciones porque desea la "mayor transparencia".
Esto será así, ha agregado, para que las modificaciones que incluyan los distintos informes sectoriales de la Generalitat Valenciana puedan ser objeto de corrección por parte de las personas afectadas.
En la pieza separada del Brugal sobre el PGOU que investiga el juzgado de instrucción número 5 de Alicante han sido imputados más de una decena de personas, entre ellos el constructor Ortiz, el redactor del documento, el arquitecto Jesús Quesada, y el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, entre otros.
En las investigaciones policiales figuran en calidad de implicados la alcaldesa Castedo y su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos del PP, aunque ambos sólo podrían ser imputados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) por su condición de aforados al ser diputados autonómicos.
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