Un juez busca con anuncios de prensa a afectados por el paro de controladores

  • El juez de Gavá (Barcelona) que investiga el abandono masivo de sus puestos de trabajo por parte de los controladores aéreos el 3 y el 4 de diciembre de 2010 ha acordado publicar en los periódicos de mayor difusión un edicto ofreciendo a los perjudicados por el paro personarse en la causa.

Madrid, 4 jun.- El juez de Gavá (Barcelona) que investiga el abandono masivo de sus puestos de trabajo por parte de los controladores aéreos el 3 y el 4 de diciembre de 2010 ha acordado publicar en los periódicos de mayor difusión un edicto ofreciendo a los perjudicados por el paro personarse en la causa.

Así lo dispone el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Gavá en una providencia a la que ha tenido acceso Efe en la que, además de a los afectados que ya han acudido a los tribunales, ordena ofrecer acciones "a los demás perjudicados cuya identidad es desconocida y de difícil determinación, poniendo en su conocimiento la existencia de este procedimiento".

Los diarios en los que se publicará el edicto son El Periódico de Catalunya, La Vanguardia, El País y El Mundo, además de los gratuitos 20 Minutos, Qué! y ADN.

El anuncio informará de que el Juzgado investiga lo ocurrido en esas fechas de diciembre de 2010 en el Centro de Control de Tránsito Aéreo de Gavá, que afectó a la circulación aérea en el aeropuerto barcelonés de El Prat, y hará un llamamiento "a quienes fueren perjudicados por este hecho".

"Esto es, quienes tuvieren billete para esos días con origen o destino en el aeropuerto de El Prat y cuyo vuelo fuera cancelado o suspendido por esos hechos o sufriere algún tipo de perjuicio por los mismos sin haber sido indemnizados hasta la fecha", añade el texto.

A partir de la publicación del edicto, los perjudicados tendrán veinte días para personarse en el Juzgado y formular su reclamación.

Para justificar su decisión de recurrir a la prensa, el juez invoca una sentencia del Tribunal Constitucional dictada en 1994 y relativa al derrumbamiento de la presa de Tous (Valencia).

En esa resolución, el Constitucional avaló el llamamiento a los perjudicados mediante edicto como "último medio de comunicación", siempre que se hayan agotado "las otras modalidades de más garantía" y que se haya alcanzado la certeza de que los otros medios normales de citación son inútiles.

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