Un decreto de 1995 establece la 'honorabilidad' de los banqueros

El destino de Alfredo Sáenz, vicepresidente y consejero delegado del Santander, está ligado al Real Decreto 1245/1995 que establece todas las causas que deben concurrir para regular la actividades de los ejecutivos de la banca.

Aprobado en el Gobierno de Felipe González y denominado "Creación de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades de crédito", establece entre otras cosas qué deben hacer las entidades cuando uno de sus ejecutivos está condenado por algún delito.

El artículo 2 habla de los requisitos para ejercer la actividad bancaria. En el apartado 2,  Afirma  que:

"Concurre honorabilidad comercial y profesional en quienes hayan venido observando una trayectoria personal de respeto a las leyes mercantiles u otras que regulan la actividad económica y la vida de los negocios, así como a las buenas prácticas comerciales, financieras y bancarias. En todo caso, se entenderá que carecen de tal honorabilidad quienes, en España o en el extranjero, tengan antecedentes penales por delitosdolosos, estén inhabilitados para ejercer cargos públicos o de administración o dirección de entidades financieras o estén inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso y los quebrados y concursados no rehabilitados en procedimientos concursales anteriores a la entrada en vigor de la referida ley".

Alfredo Sáenz fue condenado por un delito de falsedad. El Tribunal Supremo, entonces, le condenó a tres meses de cárcel. Pero el Gobierno de Rodríguez Zapatero le indultó en noviembre de 2011.

Al ser anulado este indulto, Sáenz volvería a la situación de 2011, en la que el alto tribunal le inhabilitó para ejercer sus cargos.

Fuentes del Banco de España afirmaron a este periódico que esperarían conocer el contenido del indulto antes de hacer un comunicado público.