Una reforma para ahorrar 8.000 millones

"Una frontera administrativa no puede ser un obstáculo para una prestación eficiente de los servicios públicos". Esta frase del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, resume mejor que cualquier otra la filosofía que ha dirigido la Reforma Local planteada por el Gobierno.

Un informe encargado por Hacienda al Instituto de Estudios Fiscales (IEF) concluyó que por debajo de 20.000 habitantes era prácticamente imposible realizar una prestación eficiente de servicios municipales porque no se generaban las economías de escala suficientes para obtener los ahorros necesarios.

Y esa conclusión ha condicionado todo el proyecto gubernamental. Primero se intentó implantar un nuevo principio, el del coste estándar, que pretendía homogeneizar el coste máximo admisible al que debían prestar sus servicios obligatorios los 8.116 ayuntamientos españoles.

Todos los ayuntamientos que no lograran ajustarse a ese coste de referencia, decía el primer borrador de la Reforma Local, perderían el derecho a prestar esos servicios en favor de las diputaciones provinciales, al menos hasta que acreditaran su capacidad para hacerlo.

De facto, la implantación de esa disposición hubiera supuesto el vaciamiento de competencias de más de 7.000 ayuntamientos, todos de menos de 20.000 habitantes.

El rechazo del municipalismo, concretado en la oposición de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP, controlada por el PP, obligó a Hacienda a retirar la idea, aunque lo que sí se mantuvo fue la previsión de que determinadas competencias municipales pudieran acabar siendo prestadas por las diputaciones, pero no por no cumplir el coste estándar sino por no poder prestarlas manteniendo el equilibrio presupuestario.

El Gobierno no oculta que, en el fondo, su intención es promover un movimiento de integración municipal orientado a que los ayuntamientos alcancen un tamaño que los aproxime a la eficiencia: lo que el IEF sitúa por encima de los 20.000 habitantes.

Para ello, no sólo se actuará en la dimensión punitiva, previendo la posibilidad de que diputaciones o autonomías les arrebaten las competencias que no puedan financiar; sino también a través de incentivos que permitirán un mayor acceso a subvenciones públicas a los ayuntamientos que decidan fusionarse.Menos duplicidades, más ahorro

Hacienda ve las fusiones de municipios como el camino más corto para lograr el objetivo de la reforma: un ahorro de 8.000 millones de euros (con el primer borrador del proyecto no llegaba a 7.000) que contente a las autoridades europeas, muy inquietas con la supuesta ineficiencia del modelo territorial español.

Una de las cosas que hace la Reforma Local, de hecho, es clarificar la órbita competencial de los ayuntamientos, un tercio de cuyos gastos se han ido históricamente en la asunción de competencias que no le correspondían directamente, según la Federación de Municipios.

A partir del próximo 1 de enero de 2014, los ayuntamientos deberán dedicarse a gestionar la planificación urbanística, el cuidado de parques y jardines, el abastecimiento de agua potable, el mantenimiento de las calles, la policía local, la ordenación del tráfico, la promoción turística local, las ferias, la protección de la salubridad en el municipio, los cementerios, las instalaciones deportivoas y la vigilancia de la escolaridad obligatoria.

Y sólo podrá extender sus actuaciones a otros ámbitos en el caso de que cumpla eficientemente esos cometidos y tenga margen presupuestario suficiente para permitírselo. En caso contrario, tendrá que ser la comunidad autónoma la que apechugue.

No han tardado gobiernos regionales como los de la Comunidad de Madrid y Castilla y León en avanzar que en ningún caso van a asumir el coste, presumiblemente millonario, de la gestión de la avalancha de centros de salud, de servicios sociales y escuelas que les pueden caer en cuanto entre en vigor esta norma.Menos concejales, menos cargos a dedo

Pero la parte más mediática de la reforma, aunque la de menos calado económico, es la que se refiere a las restricciones que se establecerán sobre los gobiernos municipales.

El 82% de los concejales que hay en España perderán el derecho a un salario tan pronto como entre en vigor la Reforma Local, que revocará el derecho a dedicación exclusiva a la inmensa mayoría de los representantes de los municipios de menos de 50.000 habitantes e incluso se la retirará a un buen número de los concejales de grandes ciudades.

Según los cálculos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la medida hará que de los 68.285 concejales que hay en la actualidad, menos de 15.000 mantengan el derecho a remuneración.

En principio iban a ser poco más de 12.000 los que mantuvieran ese derecho, pero el Gobierno accedió finalmente a mantener una retribución pública a 2.000 alcaldes de pueblos de menos de 1.000 habitantes.

Los concejales no serán los únicos afectados por la reforma local. La norma restringirá extraordinariamente la posibilidad de contratar asesores por parte de los cargos públicos e incluso la eliminará directamente para los municipios de menos de 5.000 habitantes.

Y también afectará de forma importante a los alcaldes, cuyas retribuciones estarán topadas por los Presupuestos Generales del Estado. De momento, su sueldo se ajustará al de los secretarios de Estado.

Un secretario de Estado del Gobierno de España cobra según Hacienda entre 95.000 y 100.000 euros brutos anuales y ése será el sueldo máximo que podrá cobrar un alcalde en España, en cuanto la reforma local sea efectiva.

Ése será el rango salarial para los máximos responsables municipales de las grandes ciudades, entendidas como aquellas de más de 500.000 habitantes.

Por debajo de ese nivel de población, la ley establecerá un sistema de coeficiente reductores que acompasará el sueldo del alcalde al tamaño de su municipio, de modo que será un 10% menor para las ciudades de entre 300.000 y 500.000 habitantes, un 20% inferior si la ciudad tiene entre 150.000 y 300.000, y así hasta un 80% menos para los alcaldes los pueblos de menos de 1.000 habitantes.

Estas restricciones sobre la contratación de asesores y las retribuciones de cargos electos y alcaldes ahorrarán a las arcas municipales unos 145 millones de euros.