¿Y si los altos funcionarios del Estado no pudieran ser cesados por los políticos?

Seguramente estarán al tanto de lo que viene ocurriendo en la Agencia Tributaria. Desde la llegada del nuevo director general del organismo, Santiago Menéndez, ha tenido lugar un rosario de ceses de altos cargos de libre designación que han sido relevados por personas de la confianza del nuevo director general.

Al margen de escándalos varios, el discurso oficial de la Agencia Tributaria y del propio Ministerio de Hacienda ha enmarcado esta rotación masiva de altos cargos en el "proceso normal de relevo" que se produce cuando hay un cambio de dirección en un organismo.

¿Proceso normal de relevo? No tan normal. En la naturaleza misma del funcionamiento de la Administración Pública está el principio de inamovilidad de los funcionarios que de alguna manera garantiza el correcto funcionamiento de los servicios públicos al margen de las presiones e intereses que puedan venir del partido político de turno al que le toque gobernar.

De hecho, esa rotación masiva de cargos públicos que se produce con los cambios de Gobierno es una de las mayores fuentes de desconfianza de la ciudadanía, que sospecha que tras ese reparto de cargos hay también un reparto de favores pasados o futuros.

Todo esto podría pasar a formar parte el pasado de prosperar la propuesta de regulación del personal directivo de las Administraciones Públicas planteada por el Comité de Expertos constituído por el Ministerio de Hacienda para estudiar la cuestión.

Lo que propone el Comité, formado por responsables de Función Pública de los tres niveles de la administración pública española (Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos), es la creación de un modelo de personal directivo profesional al estilo de los prestigiosos cuerpos de elite existentes en la Administración Pública Francesa.

En este ámbito se incluirían los altos funcionarios situados en puestos de responsabilidad decisoria y capacidad de iniciativa, como subdirectores, secretarios generales y asimilados.

Éstos tendrían un estatuto específico, que, en primer lugar, les diferenciaría de forma clara de los altos cargos de naturaleza política (directores generales, subsecretarios, secretarios de Estado...) y también les protegería de la acción de éstos.

¿Cómo? Uno de los objetivos sería restringir la arbitrariedad que permite el actual sistema de libre designacion tanto en el acceso a esos cargos como en su salida.Méritos para ser directivo

A día de hoy esos puestos de responsabilidad están cubiertos por altos funcionarios designados a dedo por los cargos políticos y del mismo modo que son nombrados puede ser cesados sin ningún tipo de restricción, lo que plantea serias dudas respecto a la independencia con la que se pueden manejar en su tarea cotidiana.

La propuesta del Comité de Expertos es blindar a esos cargos de responsabilidad de naturaleza funcionarial para que puedan desempeñar sus funciones al margen de injerencias políticas, lo que no significa que no deban seguir la líneas estratégicas marcadas por sus superiores jerárquicos.

¿De qué forma? En primer lugar, endureciendo los requisitos de acceso a esos altos cargos. Se establecería un sistema de selección más profesionalizado e independiente, de modo que un comité técnico designaría a los posibles candidatos al puesto en función del cumplimiento de criterios de mérito, experiencia y capacidad. Luego, el responsable del departamento podría escoger entre los nombres propuestos por el Comité.

El nombramiento sería por un periodo determinado, durante el cual el directivo no podría ser cesado salvo incumplimiento manifiesto de los objetivos del puesto que ocupe o evaluación sobre su desempeño..

Ya está. He aquí la trampa. Los cargos políticos siempre podrán realizar una evaluación negativa del directivo que les resulte incómodo...

No tan deprisa. En el momento del nombramiento se debería redactar un memorando con los objetivos a cumplir por el alto cargo según un esquema de criterios objetivos y orientado a resultados. Ese memorando constituirá la referencia sobre la que evaluar al alto cargo, no la decisión subjetiva de un cargo político.

Los expertos entienden que, de este modo, se evitaría tanto la arbitrariedad en los nombramientos como esos ceses por incompatibilidad de caracteres o calentones que han convertido muchas veces los puestos de libre designación en una especie de puerta giratoria de entrada y salida de funcionarios.

De otro modo, la libre designación en el sentido actual del concepto quedaría únicamente reservada a los cargos de naturaleza política, pero no tendría cabida en la parta más alta de la escala funcionarial.

Garantizado el blindaje, la idea del comité es configurar esa Función Directiva Profesional como una especie de cúspide de la carrera funcionarial.

El sistema se articularía para que sólo pudieran acceder a ella los mejores funcionarios, los que presenten una hoja de servicios más brillante y el premio al llegar a ella sería desprenderse del lastresalarial que supone la vinculación de las retribuciones de todos los funcionarios a los Presupuestos del Estado.

Las retribuciones del personal directivo no vendrían marcadas por los Presupuestos o las escalas vigentes para el resto de funcionarios, sino que tendrían unas reglas propias vinculadas a la responsabilidad del puesto.

De otro modo, los altos funcionarios que lleguen a directivos podrán romper el techo salarial que marcan las tablas de los Presupuestos del Estado. Todo un incentivo para esa carrera administrativa que tanto se solicita desde los representantes de los empleados públicos.