Deloitte, Grant Thornton... Los asesores y los auditores colocados bajo la lupa legal

Las grandes firmas y sus empleados se enfrentan a responsabilidades penales en caso de hallarse irregularidades en su trabajo de revisión y asesoría.

El caso más relevante, el Deloitte, que se sentará en el banquillo por su responsabilidad en la vigilancia de las cuentas con las que salió a bolsa Bankia.

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Sede de Bankia en Madrid.

La sentencia del caso Messi abrió la puerta. A finales de mayo, el Tribunal Supremo confirmó la condena al jugador del FC. Barcelona: 21 meses de prisión y más de 2 millones de euros de multa por defraudar a Hacienda 4,1 millones logrados con la explotación de sus derechos de imagen. Para Messi, multa (no tendrá que pisar la cárcel); y para sus abogados un tirón de orejas y un punto de inflexión en el tratamiento judicial de los asesores fiscales.

Los magistrados del Supremo cuestionaron que se excluyera de la acusación a los asesores del jugador, el despacho Juárez Veciana. El Alto Tribunal hizo énfasis en que Messi no había acudido al despacho profesional para que se le informase sobre cuál era su obligación tributaria y darle cumplimiento, sino para que le indicaran cómo lograr eludirlo. "Solamente desde este designio se comprenden los actos materialmente ejecutados por el acusado". La vía para acusar a los asesores por los delitos penales de sus clientes quedaba despejada.

Otro futbolista ha seguido un camino similar. Cristiano Ronaldo se quitó la responsabilidad de la elaboración de las declaraciones de la Renta entre 2011 y 2014, por las que Hacienda le atribuye un fraude de 14,7 millones de euros. Aseguró al Juzgado número 1 de Pozuelo de Alarcón que, entre 2011 y 2013, fueron elaboradas por un abogado del despacho Garrigues en Barcelona [con los datos que le aportaba otro bufete] y, en 2014, por King & Wood Mallesons, en Madrid, según la información publicada por el diario El Mundo. Colocó a sus asesores en la picota. Según el mismo diario, el delantero del Real Madrid rompió hace unas semanas con otro bufete, Baker & McKenzie, porque busca un "perfil más técnico y mejores especialistas en delito fiscal".Cuentas bajo sospecha

Los servicios de asesoría profesional ya no pueden escudarse en que hacen su trabajo sin saber cuáles son los propósitos de quienes llaman a sus puertas. No sólo son los asesores fiscales, ni los consultores que 'ayuden' a sus clientes, también los auditores están bajo la lupa. Hasta el momento, el caso más relevante, por su trascendencia, es el de Deloitte. La firma de auditoría está a punto de sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional por su trabajo de revisión de las cuentas con las que Bankia salió a bolsa hace cinco años.

Hace sólo siete días, la sección tercera de la Audiencia Nacional enmendó al juez instructor del caso Bankia, Fernando Andreu, por procesar únicamente al socio de Deloitte que firmó las cuentas con las que saltó al parqué bursátil, Francisco Celma, y no a la firma para la que trabajaba.

La Sala de la Audiencia entiende que Deloitte se benefició económicamente por la supervisión de las cuentas de Bankia. Por ello, puede enfrentarse a una condena penal. Dado que no hay excesiva jurisprudencia sobre la responsabilidad penal de las empresas, previsiblemente, la firma se enfrentará a una millonaria multa económica. De hecho, ya fue multada por el Ministerio de Economía con 10,4 millones por falta de independencia en esos trabajos para Bankia, pero esta sanción está pendiente (también en la Audiencia Nacional) a que se resuelva la vía penal.

La siguiente en entredicho, Grant Thornton. En este caso no es una 'big four', la denominación que reciben las cuatro grandes del mundo de la auditoría (Deloitte, PwC, KPMG y EY), sino una firma mediana. El juez Andreu (el mismo que el de Bankia y Deloitte) ha admitido este viernes una querella contra el socio de Grant Thornton, Alfredo González de Olmo y contra los directivos de la promotora Urbas por presuntos delitos de estafa, delito contra el mercado y los consumidores y administración desleal. Según el juez, las conclusiones del informe del auditor sobre la valoración de activos en una operación corporativa de Urbas eran “completamente irracionales y opuestas a la verdad”.

Las auditoras, hasta estos procesos, en caso de mala praxis se enfrentaban a multas. Y todas tienen casos que esconder en el cajón. En mayo, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), el supervisor de los auditores que depende del Ministerio de Economía, multó con 2,4 millones de euros a KPMG por incumplir el principio de independencia en la auditoría de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en 2010. Hizo lo propio con PwC. En este caso, 337.000 euros por infringir las normas de auditoría realizada a Mercasevilla de las cuentas de 2008.

En ocasiones, las sanciones pueden ser por motivos que nada tienen que ver con la estricta revisión de cuentas. En Estados Unidos, el supervisor de la bolsa (la Securities and Exchange Commission, SEC) multó hace un año a EY con 9,3 millones de dólares (7,78 millones de euros) porque dos de sus socios tenían relaciones personales con responsables de las firmas que auditaban más allá de los profesional. Los dos auditores fueron despedidos.

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