¿Tiene Andalucía hipotecas diferentes? Guindos obligará a unificar condiciones

La reforma hipotecaria diseñada por el Gobierno para elevar la protección al consumidor y disolver la lluvia de litigios esconde una pequeña bomba política: busca unificar la información precontractual, aboliendo ciertos requisitos autonómicos. Algo que en apariencia puede sonar a redactado lógico e incluso prescindible implica un pulso a regiones como Andalucía, volcada en plantear batalla propia frente a los contratos hipotecarios que estima abusivos.

“La información precontractual a facilitar a los prestatarios debe de ser homogénea, en aras de la unidad de mercado, de tal forma que puedan valorar adecuadamente las diferencias entre unas ofertas y otras en todo el territorio español”, dicta el Anteproyecto de Ley de créditos inmobiliarios enviado al Congreso. “La normativa autonómica deberá respetar los modelos normalizados de información que se establezcan por la normativa básica, y no podrá exigir adicionar documentación complementaria que pueda producir confusión en el prestatario y distorsione el objeto de la normativa básica de transparencia”, concluye en su disposición adicional quinta.

Bajo la máxima de sobreproteger al consumidor la Junta de Andalucía inició una especie de cruzada frente a las claúsulas bancarias que consideraba abusivas en 2013, cuando el PSOE consolidó su Gobierno con el apoyo de IU y le asignó la dirección de Consumo, una competencia transferida a las autonomías. Con la conflictividad judicial abierta en canal en productos financieros y de manera particular en ‘claúsulas suelo’, dicho departamento inició una serie de expedientes que desde hace unos meses están concluyendo en un goteo de multas a casi todas las entidades financieras que, de convertirse en firmes, supondrán además millonarios ingresos para el presupuesto regional.

Multas y documentación extra

En el marco de esta política elaboraría tres años después, el pasado año, la ley 3/2016 de 9 de junio para la protección de los usuarios y consumidores de préstamos hipotecarios que entra de lleno en el campo que quiere unificar el ministerio de Economía porque multiplicó los documentos y formularios a cumplimentar durante el proceso de concesión del crédito.

“Hace que la burocracia se multiplique con documentación que resulta complementaria pero similar en ese ánimo de demostrar que se preocupa de velar por la protección del usuario”, indican fuentes financieras. Basta echar un vistazo a las webs de cualquier banco con operativa en la región para comprobar que las ofertas se desglosan en documentación precontractual para hipotecas para Andalucía o el resto del territorio español. 

Según un experto consultado, la multiplicación de requerimientos y, sobre todo, las incontables penalizaciones a las que se han estado exponiendo los bancos desde hace años están provocando allí un encarecimiento de algunas ofertas, simbólico o de apenas centésimas en la TAE pero a tener en consideración. Algo que, sin embargo, niegan numerosos bancos consultados que garantizan que sus precios son iguales en todo el país aunque sí se ajustan al perfil de solvencia del cliente y lo que se financia; y defienden que la única diferencia en el trámite de la operación es la carga burocrática adicional.

La riada de multas última contra casi todas las entidades de la Junta viene de denuncias recibidas en 2013 por fijar condiciones que Consumo determinó abusivas, pero en el pasado también ha abierto expedientes sancionadores a la banca y la Sareb por cientos de millones de euros por no poner a disposición de la Junta sus viviendas protegidas (VPO).

No es la única región cuya celo especial por el consumidor tiene bajo el foco la operativa financiera ni demanda o ha demandado en el pasado información precontractual diferenciada. Cataluña y la Comunidad Valenciana son, junto a Andalucía, las regiones más activas en esta lid, junto a Castilla La Mancha o Madrid, con medidas en algunas ocasiones que han llegado a las puertas del Constitucional, indican fuentes financieras. Un ejemplo es el Código de Consumo aprobado por el Parlamento de Cataluña en diciembre de 2014 para incluir medidas contra “la pobreza energética” y de protección de las personas que han contratado créditos y préstamos hipotecarios, paralizado en Tribunal.

El proceso precontractual es uno de los puntos donde mayor énfasis pone la reforma hipotecaria, estableciendo numerosas medidas adicionales de control para garantizar que el cliente conoce perfectamente qué firma como la obligación de resaltar las claúsulas complicadas, facilitar un asesoramiento gratuito al cliente por parte de los notarios o empoderar al fedatario público y registradores para que paralicen operaciones donde no se cumplan las pautas precontractuales.  

Si bien el anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno se encuentra consensuado con gran parte de los grupos políticos -no figura el PSOE entre ellos-, su redactado debe superar aún el trámite parlamentario y ahí no es descartable que las autonomías quieran hacer valer sus competencias -Consumo es una de ellas-.