Cayo Lara (IU) apoya "in situ" campaña de Ecuador "La mano sucia de Chevron"

Quito, 2 oct.- El coordinador federal del partido político español Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, no dudó en mancharse la mano con residuos de petróleo en una zona contaminada de la Amazonía de Ecuador para apoyar la campaña del Gobierno andino denominada "La mano sucia de Chevron".

Lara, que participó esta semana en Quito en el Encuentro Latinoamericano Progresista (ELAP 2014), acudió hasta un pozo de residuos tóxicos en plena selva amazónica para constatar "in situ" los daños ambientales que se le imputan a la petrolera.

"Esta tragedia medioambiental debe darse más a conocer en toda Europa, cuyos gobiernos dicen estar tan preocupados por el medioambiente mundial, para respaldar a quienes no disponen de medios propios para hacerlo", aseguró Lara en un comunicado de su formación facilitado hoy a Efe en Quito.

Lara dijo esperar que la justicia internacional resuelva "contra el desastre causado por Chevron y a favor de los intereses del pueblo ecuatoriano en sus justas reivindicaciones".

"Nos hemos manchado simbólicamente las manos, lo que no nos ha costado mucho tal y como han dejado esto, como mejor forma de denunciar esta incalificable agresión perpetrada por la multinacional", añadió el político español de 62 años.

Para él, la multinacional petrolera debe pagar "los cuantiosos daños que ha ocasionado a la Amazonía", por ser responsable directa de los mismos, con la complicidad de anteriores autoridades ecuatorianas que no controlaron sus actividades ni le exigieron ninguna responsabilidad en firme.

Lara ofreció "todo el apoyo institucional de Izquierda Unida para que se siga denunciando este desastre ecológico también en España y en apoyo del pueblo ecuatoriano y de su Gobierno en su justa demanda para que se restituya el daño causado a costa de la salud de sus habitantes y de esquilmar la naturaleza".

Chevron, que operó en Ecuador entre 1964 y 1992, ha sido condenada por la Justicia de Ecuador a pagar unos 9.500 millones de dólares por los daños ambientales y sociales imputados por los demandantes, que pertenecen a comunidades de colonos e indígenas amazónicos.

Por su parte, la petrolera se niega a pagar al considerar que el juicio en Ecuador responde a una supuesta trama de fraude perpetrada por los demandantes y sus abogados, con la complicidad del Gobierno de Quito, que niega tal extremo.