Las empresas energéticas con intereses en Cataluña comparten la preocupación por la agitación política. Pero no en el mismo grado. Las más preocupadas son las que tienen en propiedad instalaciones estratégicas como centrales nucleares o cuentan en la comunidad con buena parte de su clientela. Aparentemente, la preocupación es contenida.
Fuentes de las compañías consultadas –Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa y Repsol- coinciden en que lo que pueda pasar con las centrales nucleares o con complejos industriales básicos para la economía si se consumara la declaración de independencia escapa a su control. Es, en suma, una responsabilidad del Gobierno.
La única de las grandes empresas energéticas que tiene su sede en Barcelona es Gas Natural Fenosa (Plaça del Gas, 1) y fuentes de la empresa que preside Isidro Fainé -presidente también de la Fundación La Caixa-aseguraban que no se ha planteado en ningún caso el traslado de su sede a otra comunidad.
Tranquilidad relativa
La relativa tranquilidad descansa en la idea de que el negocio de eléctricas y petroleras es muy diferente al bancario, en el que se manejan, mezcladas, dos cosas muy sensibles: dinero y confianza. En el caso de Cataluña, señalan las fuentes empresariales consultadas, quienes pueden sufrir más son la banca y el sector de bienes de consumo.
En líneas generales, las grandes compañías energéticas del país coinciden en tres puntos básicos: admiten que están preocupadas por los acontecimientos; siguen con especial atención las informaciones que llegan de la comunidad autónoma y declinan realizar declaraciones públicas sobre su situación concreta.
Solo en un caso una de las compañías admite haber constituido un comité para seguir el desarrollo de los acontecimientos al minuto. Pero todas niegan haber elaborado planes de contingencia ante lo que pudiera suceder. Respecto a los contactos con el Gobierno, explican que los hubo con motivo de la huelga convocada en Cataluña el 2 de octubre, pero sin dramatismos.
Tres grupos nucleares
Sin embargo, la situación es delicada. En Cataluña funcionan tres de los siete grupos nucleares que existen en España. Los tres están en Tarragona. Se trata de Ascó I (Endesa 100%), Ascó II (85% Endesa, 15% Iberdrola) y de Vandellòs II (72% Endesa y 28% Iberdrola). Los teóricos del independentismo las tienen bien estudiadas. La Fundació Josep Irla, próxima a ERC, detalló en un estudio sobre la energía en Cataluña que esas centrales producen “aproximadamente el 50% de la electricidad que consume” la comunidad. Cataluña se situaría por detrás de Francia, Lituania, Bélgica y Ucrania en cuanto a proporción nuclear.
En Cataluña funciona también un gran complejo petroquímico en Tarragona -1.200 hectáreas- que hacen de la comunidad un productor y exportador de primer orden de productos derivados del petróleo y químicos. Repsol es la gran empresa del complejo y opera en el mismo junto a otras grandes compañías como Bayer, BASF, ERCROS, Cepsa, Bic, Dow Chemical Company.
Cataluña tiene instalaciones estratégicas en su territorio, pero no tiene capacidad para aplicar una política energética integral. El artículo 133.1 del Estatuto de Autonomía atribuye al Ejecutivo autónomo competencias compartidas. Cataluña no puede regular los precios del petróleo, el gas o la electricidad ni priorizar inversiones. Pero con la legalidad cuestionada, hay que mirar a lo concreto.
Ley catalana del clima
Y lo concreto es que Cataluña cuenta con una Ley de Cambio Climático aprobada con 122 votos a favor, ninguno en contra y 11 abstenciones (PP) que fue publicada el 28 de septiembre pasado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) .
La norma, que contiene entre otros términos el de "nación" referido a Cataluña contempla un plan de cierre de las centrales nucleares no más lejos de 2027 y plantea una reducción del consumo final de energía un 2% cada año y, como mínimo, el 27% en 2030. Además, prevé alcanzar en 2030 el 50% de energías renovables en el sistema eléctrico catalán y llegar al 100% de renovables en 2050, tendiendo al consumo nulo de combustibles fósiles
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