Antes de que los mercados abran sus puertas mañana, pero después de que el Gobierno activase el pasado viernes el artículo 155 y los constitucionalistas se manifestasen ayer en bloque en Cataluña en favor de la unidad. Bajo este contexto la banca encontró ayer el momento idóneo para subrayar su apoyo a la legalidad vigente y en contra de la declaración unilateral de independencia del Govern en una carta que llevaba semanas sopesando elaborar.
La misiva reivindica, a través de las patronales AEB y Ceca, el “compromiso” del sector “con la Constitución y la legalidad vigente”, y la “plena confianza en la capacidad de dicho marco jurídico para resolver la situación provocada por la declaración aprobada el pasado viernes 27 de octubre por el Parlamento de Cataluña”.
En escasos tres párrafos con fuerte carga de profundidad defienden que el “mejor camino” para consolidar la recuperación de “la economía y el empleo en Cataluña y en el resto de España” es la “continuidad del esfuerzo colectivo que, a partir de la Constitución y del Estatuto de Autonomía”, ha hecho posible la "convivencia en libertad, la presencia de España en Europa y la mayor etapa de progreso económico y social de nuestra historia común”.
Las patronales subrayan que las entidades integradas en su seno -los bancos de siempre y los surgidos de la transformación de las cajas de ahorros- se encuentran sujetas a la regulación española y europea, y la supervisión del Banco de España y del Banco Central Europeo (BCE). “Están -señala- igualmente comprometidas con el cumplimiento de las leyes que emanan de nuestro marco constitucional”.Y, por último, recuerdan, formar parte de la Unión Bancaria “les permite cumplir con su misión principal” de “proteger y gestionar el ahorro de los depositantes y financiar el crecimiento”.
Un texto escrito desde principios de octubre
El sector consideró que debía pronunciarse sobre la situación casi después de la celebración del referéndum el pasado día 1 y sopesaron de nuevo hacerlo después de que el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont efectuase la declaración de independencia de escasos 30 segundos el día 10. En la primera ocasión la decisión de Caixabank y Sabadell de mover las sedes sociales lo apartó y en el segundo episodio se descartó al ser momentánea la declaración de secesión.
Han esperado a que se clarifique el camino con la actuación del Gobierno de Rajoy, para divulgar su posición por cautela. La precaución, buscando el momento más adecuado, responde al temor a una reacción indeseada y contraproducente por la alta sensibilidad en la calle. Ocurrió ya en 2015.
En una declaración institucional similar, emitida por vez primera en conjunto por la AEB y CECA, alertaban de que si Cataluña rompía con la zona euro “se pondría en grave riesgo el objetivo de las entidades, que no es otro que proteger a sus depositantes y mantener el flujo de financiación a familias”. Aquel documento ya pronosticaba que ante el riesgo de inseguridad jurídica de una declaración de independencia, las entidades se vería forzadas a “reconsiderar su estrategia de implantación” y correría riesgo la oferta bancaria y crediticia.
La declaración de 2015 recibió críticas
Pero la sensibilidad en la calle con la situación y, sobre todo, el momento elegido para su difusión jugó una mala pasada a la banca. Tras semanas de retraso se dio a conocer un 18 de septiembre cuando las elecciones autonómicas estaban convocadas para el día 27 del mismo mes recibiendo críticas de varios sectores que lo interpretaron en clave política, en lugar de una advertencia económica-financiera sobre el impacto de una desconexión de Cataluña.
En esta ocasión la cautela cobra mayor valor por la sensibilidad en la calle a toda la situación. Más aún cuando la incertidumbre desatada desde la celebración del referéndum originó salidas de depósitos que acabaron de convencer a la banca catalana -Caixabank, Sabadell, Mediolanum, Arquia Banca, etc- para trasladar su sede social fuera de la región para tranquilizar al ahorrador garantizado su protección por el Fondo de Garantía y el BCE.
El comunicado de 2015 llamaba a la unión para evitar una serie de perjuicios, el actual expresa el apoyo a la Constitución y la legalidad para resolver la situación, y subraya que los ahorros están protegidos porque los bancos se han garantizado mantenerse bajo el marco del BCE. Hay otra diferencia: en el comunicado de ayer no figuran nombres individuales de entidades, mientras que la de hace dos años la firmaban, junto a AEB y Ceca, Caixabank, Santander, BBVA, Bankia, Sabadell y Popular.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios