1.000 antidisturbios están preparados por si los Mossos no cumplen la ley en Cataluña

1.000 antidisturbios se encuentran repartidos por Cataluña o provincias limítrofes por si los Mossos d'Esquadra no cumplas con la ley o las resoluciones del Tribunal Constitucional. Los policías nacionales han sido desplazados desde diferentes puntos de España en los últimos días, según explican a Lainformacion.com fuentes implicadas en el operativo.En Cataluña en este momento hay desplegados más de 400 antidisturbios. Se encuentran en la frontera de La Junquera, realizando controles antiterroristas después de los atentados de París del 13N.En concreto, se encuentran en el puesto fronterizo tres unidades procedentes de Madrid, una de Vigo, una de Asturias, una de Valencia, una de Sevilla y otra de Málaga. Cada unidad está compuesta por cincuenta profesionales.A ello hay que añadir la presencia en provincias limítrofes o cercanas a Cataluña de diez unidades de la UIP: tres en Pamplona, dos en Valencia y cinco en Zaragoza.¿A qué se dedican estos antidisturbios en este momento? En principio, a controles antiyihadistas. Pero también están preparados por si los Mossos d'Esquadra no cumplen las órdenes que provengan del Tribunal Constitucional y sólo atiendan a mandatos soberanistas."En menos de tres horas, 1.000 antidisturbios podrían presentarse en Barcelona", explica un agente implicado en el dispositivo. ¿Para qué? "Pues por si por ejemplo hay que impedir a alguien la entrada al Parlament o si hay que proteger algún edificio público.Las mismas fuentes aseguran que un importante número de agentes se desplazaron hasta Cataluña y sus proximidades antes de los atentados yihadistas de París.Los funcionarios tendrán un seguro especialLa Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) ha presentado este jueves un conjunto de instrumentos para los funcionarios catalanes con el objetivo de "protegerles ante órdenes de dudosa legalidad en el proceso soberanista", ha explicado el presidente del sindicato, Miguel Borra.En rueda de prensa en Barcelona, ha explicado que ofrecen formularios para pedir las órdenes por escrito, modelos de denuncias ante los órganos de inspección y Fiscalía, una línea de consulta jurídica y un seguro para casos de suspensión de empleo y sueldo.El seguro, contratado con la compañía Arag, sirve tanto para suspensiones ordenadas por el Estado como la Generalitat, y la cuota la pagará Csif en el caso de sus afiliados.

El objetivo de todo ello es "que los funcionarios no tengan que pagar los platos rotos de malas actuaciones", porque hagan lo que hagan pueden verse penalizados por el Gobierno central o por la Generalitat.