Los policías que hasta esta semana vienen prestando servicio en la comisaría del centro de Las Palmas de Gran Canarias ven su futuro con incertidumbre. Un acuerdo entre el Ministerio del Interior, el Ayuntamiento de la ciudad y la comunidad autónoma ha provocado que la instalación deje de estar en manos del Gobierno central y pase a pertenecer de hecho (ya lo era de derecho) al Ejecutivo canario. El convenio prevé la donación de unos terrenos propiedad de la comunidad al Ministerio del Interior con el fin de que este levante ahí unas nuevas dependencias policiales.
Sin embargo, hasta que estas estén construidas, los funcionarios que hoy trabajan en la comisaría del centro aún no saben dónde van a ser reubicados, a pesar de que el acuerdo debería entrar en vigor a partir del próximo jueves 9 de octubre. Fuentes policiales consultadas barajan la posibilidad de que los 140 miembros de la corporación que todavía se encuentran en la citada comisaría se integren en la Jefatura Superior, a pesar de que el edificio que acoge a esta última no cuenta con espacio suficiente.
Así lo denuncian además los cuatro sindicatos profesionales del cuerpo, que se han unido para protestar contra lo que consideran una falta de sensibilidad con el trabajo de los funcionarios. Si el convenio termina ejecutándose, aseguran las organizaciones sindicales, acabarán "hacinados en la ya saturada Jefatura Superior y en el Almacén del Servicio de Vestuario". La instalación a la que parece que podrían llevar a los agentes, continúan, "está al borde del colapso por falta de espacio para el personal allí destinado y se sigue inundando cada vez que llueve".
Si el traslado de efectivos se lleva a cabo, denuncian las cuatro fuerzas sindicales, se resentirá notablemente el servicio que preste la Policía al ciudadano. El contrato entre las tres instituciones, argumentan, "perjudica" el trabajo de los funcionarios y, por lo tanto, esto repercute negativamente en la sociedad.Políticos insensibles
El Sindicato Profesional de Policía, el Sindicato Unificado de Policía, la Confederación Española de Policía y la Unión Federal de Policía se muestran "convencidos" de que el acuerdo se ha hecho "a espaldas" de la Dirección General de la Policía y califican a los dirigentes del Ministerio del Interior como "políticos insensibles a la labor policial".
El acuerdo fue firmado el pasado 9 de junio entre el Ministerio del Interior, el Ayuntamiento de Las Palmas y la Comunidad Autónoma de Canarias con el fin de poner al día la propiedad que de facto ya tenían sobre el papel las instalaciones afectadas. Además de la entrega al Gobierno regional de la citada comisaría, el convenio conlleva otros intercambios de terrenos y de inmuebles que actualizan la propiedad de los mismos.
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