Tras más de seis años de investigación judicial, la sección primera de la Audiencia de Sevilla iniciará este miércoles el juicio por la trama política de los ERE. En el banquillo se sientan 23 años de Gobiernos andaluces del PSOE. El que fuera presidente de la Junta durante 19 años, Manuel Chaves, se enfrenta a una petición de 10 años de inhabilitación por los delitos de prevaricación y asociación ilícita. Las penas solicitadas son aún más graves para su sucesor, José Antonio Griñán. A esos delitos se suma el de malversación continuada, lo que podría suponerle hasta 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación.
El juicio se iniciará esta semana con las cuestiones previas, que se debatirán previsiblemente hasta el viernes. Las declaraciones de los principales imputados -además de los expresidentes están acusados el exvicepresidente Gaspar Zarrías y los exconsejeros Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo- no tendrán lugar hasta pasadas las vacaciones navideñas y están previstas para el próximo 9 de enero. Su futuro inmediato dependerá de los magistrados Juan Antonio Calle, Pilar Llorente y Encarnación Gómez. El juicio, que aborda la pieza dedicada a los responsables políticos de la trama, se demorará durante varios meses.
Todos los dirigentes socialistas concertaron sus actuaciones, según el auto de procesamiento del instructor Álvaro Martín, para conceder, entre 2000 y 2011, casi 855 millones de euros en subvenciones y ayudas sociolaborales y a empresas destinadas a financiar el coste de despidos colectivos de trabajadores (ERE) o a personas afectadas por estos. Para evitar el control de la Intervención General de la Junta, el dinero púbico fluyó a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y su sucesora, IDEA, con total “descontrol” y saltándose los requisitos legales para concederlas “con total discrecionalidad”.
Así, el procedimiento inventado por la trama para la concesión de las ayudas omitió la obligación de convocatorias públicas y dejó de lado el control del cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios para obtenerlas. Tampoco se supervisó lo que las empresas y particulares que las obtuvieron hicieron con el dinero una vez que lo tuvieron en sus manos. En definitiva, se incumplieron los criterios de “publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación” que, según el instructor, son exigibles “en todo procedimiento de subvención”, según la ley estatal que las regula.
Griñán pudo zanjar las irregularidades
El pasado febrero, la sección séptima de la Audiencia de Sevilla rechazó los recursos de los dos expresidentes andaluces contra su procesamiento. En el caso de Griñán, los magistrados subrayaron que, a pesar de haber podido zanjar el pago irregular de las ayudas a los ERE, no lo hizo. Al contrario, “elaboró los presupuestos y sus modificaciones con conocimiento de la ilegalidad grosera” que supuestamente se estaba cometiendo, lo que permitió “un lucro ilícito” a las empresas y particulares que se beneficiaron de ellas.
Respecto a Chaves, que alegó que desconocía las supuestas irregularidades, el tribunal aseguró que ayudó a “materializar” las subvenciones fraudulentas “a sabiendas de que se otorgaban sin cumplimentar los requisitos legales y sin pasar los controles propios de las subvenciones”.
Además de los dos expresidentes andaluces y los cinco exconsejeros de sus gobiernos, también están acusados otros 15 exmiembros de la Junta: tres exviceconsejeros, dos ex secretarios generales, dos ex directores generales, el ex interventor general de la comunidad andaluza, el jefe de los servicios jurídicos y seis ex altos cargos.
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