EL PP ACCEDE A UNA "REDUCCIÓN SUSTANCIAL" DEL NÚMERO DE SENADORES

- Se reserva "la posibilidad de presentar iniciativas que permitan garantizar el Gobierno de la fuerza más votada". El PP ha accedido a incluir en el acuerdo con Ciudadanos para la investidura de Mariano Rajoy el compromiso de reformar el Senado para que sea una auténtica Cámara de representación territorial y a reducir de forma "sustancial" el número de miembros que la componen.
Ese compromiso está incluido en el tercer bloque del acuerdo suscrito este domingo entre ambos partidos: "Transparencia, regeneración democrática y lucha contra la corrupción".
Ese apartado recoge las medidas suscritas por el presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Mariano Rajoy, al aceptar las condiciones previas impuestas por Albert Rivera para comenzar la negociación de la investidura.
Así, ambos se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido "imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción" hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial, y a que esas personas no puedan ir en candidaturas ni ser nombrados para cargos públicos.
Adicionalmente, se comprometen a hacer extensiva esa medida a los demás partidos a través de un Pacto de Estado por la Regeneración y la Calidad de la Democracia.
El acuerdo incluye la eliminación de los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos y la no concesión de indultos a condenados por corrupción, financiación ilegal de partidos políticos, violencia de género o delitos de terrorismo.
Se comprometen a limitar el ejercicio de las funciones de presidente del Gobierno a ocho años consecutivos y a regular esa medida en el futuro Pacto de Estado por la Regeneración.
REFORMA ELECTORAL
Ese Pacto será el marco para impulsar una reforma de la ley electoral que mejore la proporcionalidad, la elección directa de alcaldes, el desbloqueo de listas, la implantación de sistemas electrónicos para la votación, la mejora de los procedimientos para el ejercicio del derecho a voto de los ciudadanos residentes en el exterior, la reducción de las campañas y los límites de los gastos electorales.
En ese punto, el PP "se reserva la posibilidad de presentar iniciativas que permitan garantizar el Gobierno de la fuerza más votada", dice el acuerdo, justo antes de otro compromiso: la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP que permita esclarecer las responsabilidades políticas y formular recomendaciones.
Los dos partidos se comprometen a impulsar la reforma del Reglamento del Congreso para facilitar la participación de los ciudadanos y la creación de comisiones de investigación. También a convertir el Senado en una "estricta cámara territorial" con una reducción "sustancial" del número de senadores.
En ese mismo apartado, comprometen "desde el necesario consenso parlamentario" la reforma de la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que los doce de procedencia judicial sean elegidos directamente por los jueces y magistrados.
SIN PRIMARIAS
El acuerdo incluye la refundación de la ley de partidos y de financiación en una sola norma y el impulso de la democracia interna, los derechos y libertades de los afiliados, su participación efectiva en la toma de decisiones, mayor transparencia, y la "mejora de los procedimientos electorales internos, respetando la autonomía organizativa de cada formación política", sin mención alguna a las primarias como método de elección de candidatos.
PP y C´s se comprometen también a incorporar al Código Penal el delito de enriquecimiento ilícito una vez que se tengan garantías sobre su constitucionalidad y endurecer el régimen de incompatibilidades de los cargos públicos tras su cese, encomendando a un organismo independiente la supervisión de las funciones de la Oficina de Conflictos de Intereses.
Entre las medidas están también el refuerzo del control de las subvenciones públicas para garantizar la eficiencia en el gasto de los recursos públicos, mejorar el Portal de Transparencia y asegurar la elección por tres quintos del Congreso del presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
En la lucha contra la corrupción, se comprometen asimismo a mejorar la especialización de determinados juzgados y la dotación de medios, potenciar la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, ampliar el decomiso en los delitos de corrupción que impliquen enriquecimiento para el afectado y aprobar una Ley de Protección de los Denunciantes de Corrupción para "reconocer y proteger a quienes arriesgan su carrera profesional en la defensa del interés general".