Según un comunicado, piden a los alcaldes que hagan lo que esté a su alcance para que Europa reaccione ante "la vulneración de los pilares fundamentales de la construcción europea: democracia, libertad, respeto y dignidad".
También apuntan que como alcaldes elegidos democráticamente, las demandas catalanas deben resolverse solo por vías políticas, democráticas y pacíficas, permitiendo que los ciudadanos puedan elegir su futuro libremente.
"Queremos denunciar el asedio judicial y policial que sufren las instituciones democráticas catalanas, y por tanto, todo el pueblo catalán", sostienen en la misiva, que cree que los alcaldes de Catalunya tienen los mismos problemas y retos que el de cualquier municipio europeo, pero también sufren una situación política más grave por la negativa del Gobierno central a permitir un referéndum acordado.
También constatan que más del 80% de los catalanes apoyan el derecho a decidir, y que, después de que el Parlament aprobara el 6 de septiembre la Ley del Referéndum, más del 75% de los alcaldes catalanes firmaron un compromiso político de apoyo al 1-O.
Buch y Lloveras, alcaldes de Premià de Mar (Barcelona) y de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) respectivamente, lamentan la "inmediata" reacción que tuvo el Estado después de que el TC suspendiera la ley, llamara a declarar como investigados a todos los alcaldes que firmaron el compromiso, e interpusiera una querella criminal contra ambos por posibles delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos.
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