CATALÁ ADVIERTE DE QUE LAS DECISIONES DEL CONSTITUCIONAL PUEDEN SER “PAPEL MOJADO” SIN CAPACIDAD PARA EJECUTARSE

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, advirtió hoy de que las decisiones del Tribunal Constitucional pueden convertirse en “papel mojado” si se despoja a institución de la posibilidad de obligar a su cumplimiento, algo que el PNV y el PDCat han pedido que se elimine mediante sendas iniciativas que se debaten este martes en el Congreso.
Catalá se refirió a esta cuestión en la Comisión de Justicia del Senado, donde compareció esta mañana para explicar los objetivos de su equipo para esta legislatura.
Durante este debate, la senadora del PDCat Elisabet Abad se refirió al hecho de que el Congreso vaya a debatir esta tarde una proposición de ley de su partido y otra del PNV para derogar la reforma del Constitucional que se aprobó en 2015, a instancias del PP, y que faculta a este tribunal para llegar a sancionar a responsables públicos que incumplan sus sentencias.
Abad defendió que esta reforma cambió la “naturaleza jurídica” del Constitucional al darle facultades propias de un tribunal ordinario, algo con lo que dijo intenta frenarse el proceso secesionista catalán y el referéndum que pretenden realizar en 2017. Esta senadora dijo que su partido quiere que el Alto Tribunal vuelva a regirse por la normativa anterior a 2015.
“NO AMENAZA A NADIE”
En este sentido, Catalá defendió la modificación legal impulsada por el PP, puesto que es “muy razonable” que cuando el Constitucional toma una decisión se pueda “hacer efectiva”, puesto que, de lo contario, “estaríamos convirtiendo en papel mojado los autos y las sentencias” de este órgano.
El ministro defendió que la reforma de 2015 era “equilibrada” y tiene “toda la legitimidad democrática”, al tiempo que resaltó que fue avalada por el propio Constitucional al resolver los recursos que plantearon partidos de la oposición.
No obstante, Catalá dijo que si el Congreso, a instancias del PNV y el PDCat, termina derogando la reforma del Alto Tribunal introducida en 2015, el PP trabajará en el trámite parlamentario para que la norma que la sustituya ser la que “más conviene” a España en estos momentos.
Asimismo, el ministro reprochó a la senadora Abad que acuse al Gobierno de “usar” al Constitucional para amenazar, puesto que este tribunal “no amenaza a nadie”, sino que es el “supremo intérprete” de la Carta Magna y ejerce “sus competencias” en este terreno.