EL JUEZ ATRIBUYE UN FRAUDE DE 100 MILLONES DE EUROS A TRES SOCIOS DE LA SGAE

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno dictó el miércoles prisión eludible bajo una fianza de 100.000 euros para los tres socios de la SGAE detenidos tras tomarles declaración y les dejó en libertad con un plazo de 72 horas para que abonen la caución. En su auto les atribuye delitos de pertenencia a organización criminal y corrupción en los negocios por un fraude que puede ascender a los 100 millones de euros.
El magistrado tomó declaración ayer a tres de los dieciocho arrestados el martes: Rafael Tena, hermano del fallecido cantante Manolo Tena, Manuel Carrasco y Fernando Bermúdez, a todos ellos se les imputan los delitos de corrupción en los negocios, estafa y pertenencia a organización criminal.
Los autos de prisión provisional comunicada, eludible bajo fianzas de 100.000 euros, que dictó ayer el juez Ismael Moreno se refieren a la operación en las que resultaron detenidas 18 personas por su participación en un fraude conocido como `La Rueda´, por el que se obtenían ingresos millonarios por los derechos de autor de canciones emitidas en programas nocturnos de televisión.
En sus autos, el juez explica la operativa llevada a cabo por los detenidos, consistente en el registro fraudulento de temas musicales originales supuestamente modificados, como si se trataran de obras nuevas, sin modificaciones sustanciales en la mayor parte de los casos. Esos nuevos registros se realizaban a nombre de los denunciados, de personas de su entorno o de sociedades creadas como cesionarias de los derechos de autor.
Esas actuaciones, según relata el juez, podrían llevarse a cabo en connivencia con trabajadores de productoras de televisión, mediante el pago de comisiones para que el repertorio musical se difundiera en horarios nocturnos, dando preferencia a estas obras, realizadas por personas con dudosos conocimientos musicales.
Respecto al papel ejercido por las televisiones, el juez considera que “esta cesión de derechos es la verdadera motivación de las cadenas de TV para emitir los repertorios musicales de los investigados, ya que en virtud de la misma, se convierten en titulares de derechos y por ende receptores de una cantidad económica por parte de la SGAE como consecuencia de sus propias emisiones”.
A lo largo de la investigación, se han mostrado “indicios de la connivencia de varios responsables de contratación de televisiones con (Fernando) Bermúdez y (Manuel) Carrasco, que más allá de la cesión de derechos mencionada, parecen recibir pagos en metálico por beneficiar los intereses de los investigados, estando claramente a su servicio”.
El juez añade que, además del beneficio económico derivado de esta actuación, se desprende también un “beneficio político”, “toda vez que la SGAE reparte el número de votos entre sus socios en atención a las cantidades percibidas por generación de derechos de autor, permitiendo así poder tener poder de decisión en la Junta y perpetuar el sistema de reparto que permite perpetuar el fraude”. El magistrado cuantifica el fraude en al menos 100 millones de euros, atendiendo al período investigado de 5 años (2006- 2011) por el que resultarían perjudicados unos 120.000 socios.