La Asociación de Víctimas del Metro del 3 de Julio ha presentado un escrito ante la jueza de Instrucción en la que reitera su petición de que declaren como investigados en la causa la que fuera gerente de FGV María Luisa Gracia y otros cinco directivos de la empresa en el momento del siniestro, en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas, para comprobar si se cumplía la Ley de Riesgos Laborales.
La entidad recuerda que la primera petición de declaración se formuló el 17 de marzo y desde entonces no ha obtenido un pronunciamiento sobre el fondo de la solicitud, a pesar de que en la actualidad queda "poco menos de un mes para que prescriban los delitos para determinadas personas".
La asociación añade en el escrito el 'iter procesal' o recorrido de sus peticiones. Los cinco directivos en el momento del accidente que la AVM3J quiere que declaren son el responsable de Auditoría y Seguridad en la Explotación, Juan J. Gimeno; el director de Operaciones, Manuel Sansano; el jefe de Mantenimiento de Instalaciones Fijas, Gonzalo Romero; el de talleres de Valencia Sud, Luis Miguel Alepuz y el jefe de la Línea 1, Sebastián Argente.
Según señaló en su momento la AVM3J cuando presentó su solicitud, todos ellos estaban "legalmente obligados", de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos laborales, a prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador y a garantizar la seguridad en todos los aspectos relacionados con el trabajo.
En este nuevo escrito, la asociación expresa "una vez más" su "malestar" por la forma que tiene la jueza "de retrasar la instrucción" al resolver los planteamientos a través de providencias y no mediante autos, ha indicado en un comunicado.
Al respecto señala que la diferencia estriba en que la providencia obliga a presentar recurso ante el órgano que lo dicta, es decir, ante la propia jueza Nieves Molina, "que vuelve a denegar las diligencias, y entonces las partes ya se pueden dirigir a la Audiencia Provincial".
En cambio, subraya que si se pronunciase en forma de auto, "los recursos se podrían dirigir directamente a la Audiencia Provincial, adelantándose así considerablemente, el resultado final". Al respecto incide en que la respuesta "resulta urgente" porque el plazo para que prescriba la investigación vence el 3 de julio, cuando se cumplirán 10 años del suceso que motivó la apertura de estas diligencias.
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