Alcaldes de Vitoria, San Sebastián, Rentería y Pamplona piden la libertad para los presos enfermos y mayores de 70 años

En el escrito, publicado en varios medios de comunicación, los alcaldes jeltzales Gorka Urtaran y Eneko Goia, junto a los representantes de EH Bildu Julen Mendoza y Joseba Asiron subrayan su "firme convicción" de defensa de los derechos humanos de todas las personas.

Tras indicar que les une el hecho "circunstancial" de contar en sus municipios con personas presas que se encuentran gravemente enfermas, o aquellas otras que ya han superado los 70 años de edad, remarcan que son estas circunstancias, "y el hecho de que sus derechos no están siendo respetados", las que les llevan a trasladar su posición y a solicitar la excarcelación de estas personas, "así como de cuantas otras se pudieran encontrar en la misma situación".

Según indican, varias son las razones que les llevan a sostener esta posición. La primera, el respeto a la dignidad de las personas, incluida la de aquellas que se encuentran en una situación de privación de libertad.

"Creemos en una sociedad donde los poderes públicos sean los veladores del respeto a la dignidad humana de todas las personas, porque creemos que una sociedad que vulnera el principio máximo de la dignidad humana, es una sociedad quebrada en lo humano, y con enormes carencias democráticas. El mantenimiento en prisión de una persona gravemente enferma e incurable sin las debidas condiciones para el tratamiento de su enfermedad atenta contra la dignidad de esa persona", defienden.

Asimismo, destacan que la permanencia de una persona gravemente enferma e incurable en una situación de privación de libertad no solo supone romper el principio del respeto a la dignidad humana, sino también supone en muchos casos "una doble pena sobre la persona, porque el sufrimiento, y por ende el castigo sobre esta persona privada de libertad crece exponencialmente en comparación con cualquier otra persona recluida".

"La tercera, el estricto cumplimiento de la legalidad aplicable a estas situaciones, y que en estos casos no se está produciendo por consideraciones que exceden el ámbito de lo estrictamente jurídico", añaden.

Por último, creen que la denegación de la excarcelación de una persona presa gravemente enferma e incurable rompe el principio de la resocialización de la pena privativa de libertad.

Asimismo, subrayan que este principio de resocialización adquiere "todavía una mayor dimensión en una situación de construcción de la paz y de la convivencia en la sociedad vasca".

"Sin duda alguna, y desde una perspectiva política, porque ayuda a la consolidación de la paz y elimina sufrimiento innecesario que solo hace dificultar la construcción de una nueva sociedad. Pero también, y desde una perspectiva jurídica, porque han desaparecido las razones que la Administración del Estado pudiera entender de riesgo para la seguridad ciudadana, y porque el derecho no puede abstraerse de esa nueva realidad social, y se ha de interpretar de acuerdo a ella", creen.

Por tanto, defienden que no debiera existir impedimento político ni legal alguno para la excarcelación de las personas presas con enfermedades graves e incurables y aquellas que han cumplido los 70 años de edad.