En rueda de prensa, Elena Allué ha llamado la atención sobre la importancia de este servicio público para las mujeres del medio rural y ha alertado de que "si se privatiza van a tener una atención diferente a la que han tenido los últimos 20 años". Este servicio "ha funcionado muy bien" y no debe ponerse en riesgo "no habiendo queja alguna y siendo un servicio que se paga a un precio irrisorio", ha considerado.
Aunque el Gobierno de Aragón no lo ha notificado por escrito, sí ha llamado a los colegios para rescindir los contratos y "no hay cobertura jurídica" a este colectivo. Los colegios han dado un plazo de 15 días para que se resuelve esta situación y "si no, no van a dar el servicio porque no se les va a pagar", ha avisado Allué.
La parlamentaria del PAR ha indicado que el Gobierno regional ha firmado muchos contratos con una única entidad, como recientemente el Departamento de Vertebración Territorial, Movilidad y Vivienda con los colegios de abogados para gestionar las cláusulas hipotecarias.
Aunque "en los últimos años se ha avanzado muchísimo", las cifras "son muy crudas", ha hecho notar la parlamentaria aragonesista, exponiendo que, según un informe del IAM de febrero de 2016, en 2015 se han producido 3.140 llamadas al teléfono de atención 24 horas, ha habido 56 víctimas mortales en España, una de ellas en Aragón, 1.017 mujeres han sido atendidas en el turno de guardia, 1.809 en la asesoría jurídica, 1.852 han recibido atención psicológica y 389 mujeres tienen orden de protección.
Allué ha dicho que "si hay violencia hacia la mujer y sigue habiendo asesinatos contra ellas es porque la igualdad efectiva de mujeres y hombres dista aún mucho de conseguirse. Una igualdad que está recogida como un derecho constitucional".
PIONEROS
"En Aragón hemos sido pioneros" en la puesta en marcha del servicio de atención jurídica gratuita y del turno de guardia, resaltando el papel de las mujeres abogadas que, motu proprio, empezaron a prestar este servicio "en unos años en los que no se hacía caso a las mujeres que iban a denunciar". Aragón fue también pionera en servicios como la creación de las primeras casas de acogida o centros de emergencia, así como el Programa Espacio para maltratadores.
Los recursos "han ido mejorando año tras año, ha habido coordinación" entre policía, jueces y profesionales sanitarios y todos los partidos están de acuerdo en este tema tan sensible y en la necesidad de mejorar los recursos, ha continuado Allué. Por este motivo "nos preocupa muchísimo" la posible privatización, ha añadido.
Desde el PAR "no entendemos cómo el Gobierno retira la confianza" a los colegios de abogados, aunque el turno de guardia se vaya a mantener. Ha argumentado que "se corre el riesgo de empeorar este servicio, por primera vez se pone en riesgo el amparo" a este colectivo.
En su PNL, el PAR pide al Gobierno que garantice el asesoramiento jurídico en todos los casos de violencia de género y que lo sigan realizando los tres colegios de abogados, tal como recoge la normativa vigente. También, que se prorrogue de forma inmediata el convenio de 2015, ya que este servicio está ahora "en un limbo jurídico".
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