En un escrito, consultado por Europa Press, el abogado de Rivas, Jon Ander Sánchez, recurre la decisión del magistrado de rechazar la práctica de esta prueba planteada inicialmente por el gerente de la empresa Surcolor y Surcolor Óptica S.A. --una de las seis primeras piezas abiertas en el caso ERE--, Manuel Castilla Bustamante.
Este imputado pidió al juez la declaración de estos tres altos cargos del Ministerio de Empleo --en concreto un director general, un subdirector general y una vicesecretaria general técnica-- tras advertir del "gravísimo error de valoración jurídica" cometido en la instrucción de la causa al "ignorarse" la Orden Ministerial de 1995 que regulaba las ayudas a trabajadores afectados por procesos de reconversión y/o reestructuración de empresas.
Pues bien, el letrado de Rivas ha recurrido la negativa dada por el juez al entender "claramente relevante" escuchar estas declaraciones "al objeto de dilucidar si resulta ser ilegal y perseguible penalmente en Andalucía aquello que venía siendo legal y notoriamente admitido para el resto de España, todo ello en razón de una normativa de ámbito estatal con vigencia en todo el territorio nacional".
En este sentido, aclara que, "si bien es cierto que la solicitud de diligencia no ha sido propuesta por esta parte, interesa a esta defensa la práctica de la misma, toda vez que, aún partiendo de que Antonio Rivas ninguna participación ha tenido en la tramitación de las concretas ayudas que en el presente caso se investigan ni en ninguna otra, en cualquier caso la legalidad o ilegalidad de las mismas es una cuestión de evidente relevancia para el resultado de la causa".
"EVIDENTE FALTA DE MOTIVACIÓN"
"Como defensa estamos nítidamente interesados en que la misma se esclarezca en este procedimiento, con independencia que sea relevante también en otros procedimientos", asevera el abogado de Rivas, que critica la "evidente falta de motivación" de la providencia en la que el juez rechaza la práctica de dichas diligencias bajo el argumento de que "no es objeto de la presente causa".
A su juicio, una resolución judicial "de tal trascendencia" para los derechos e intereses de las personas investigadas en la causa "debe venir suficientemente motivada, huyendo de fórmulas genéricas y en todo caso con expresa indicación de los recursos que contra la misma caben", de manera que, "al no haberlo efectuado de este modo", la resolución recurrida "ha conculcado" los derechos de defensa, a un proceso público con todas las debidas garantías, a la proposición de pruebas y a la presunción de inocencia.
Según expone el letrado, la resolución que se adopte respecto a la práctica de diligencias de prueba "debe revestir la forma de auto", punto en el que agrega que la argumentación efectuada por la defensa del gerente de Surcolor para solicitar la declaración de estos tres altos cargos "es ciertamente contundente y pone claramente en entredicho, por no afirmar que contradice frontalmente, los presupuestos a partir de los cuales se ha construido la instrucción" de la causa de los ERE.
Por ello, solicita al juez que admita la diligencia propuesta y cite a declarar como testigos-peritos a tres altos cargos del Ministerio de Empleo.
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