El Ayuntamiento reclama medidas a nivel estatal sobre la Plusvalía para poder aplicar la sentencia del Constitucional

El Ayuntamiento de Madrid insta a que se tomen medidas a nivel estatal sobre la Plusvalía para poder aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional, que declara nulo parte del impuesto, ha informado el Consistorio en un comunicado.

La Plusvalía grava el incremento del valor de un terreno entre el momento en el que el titular lo adquirió y el de su venta. Se calcula únicamente teniendo en cuenta el valor catastral del suelo en la fecha de su transmisión y los años transcurridos desde ésta y la de la transmisión anterior. La regulación del tributo calcula por defecto un incremento del valor de los terrenos, independientemente de que ocurra o no.

Ahora el Tribunal Constitucional ha extendido a todo el territorio estatal la decisión que había adoptado previamente para Guipúzcoa considerando que el impuesto es contrario al principio de capacidad económica por permitir que determinados propietarios paguen a pesar de que en realidad su terreno no incrementó su valor.

Tras esta sentencia, el órgano competente para impulsar modificaciones es el Ministerio de Hacienda, recuerdan desde el Ayuntamiento. "Debe tomar la iniciativa para que se modifique en el Parlamento la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en lo referente a la plusvalía. Los municipios cuentan con un margen muy escaso para regular acerca de sus tributos", han añadido.

La recaudación por Plusvalía superó los 600 millones de euros en 2016. Para avanzar de manera propositiva, representantes de la Agencia Tributaria Municipal de Madrid han participado este miércoles en una reunión convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

En la reunión convocada por la FEMP se han estudiado posibles propuestas a trasladar al Ministerio. Así, la Agencia Tributaria de Madrid ha planteado la opción de que cada Ayuntamiento pueda fijar año a año el porcentaje de incremento teniendo en cuenta la evolución real del mercado inmobiliario del suelo en su municipio y siempre siguiendo los criterios o teniendo en cuenta las variables macroeconómicas que la ley determine para la fijación de esos porcentajes.

Esto obligaría a los ayuntamientos a tener que modificar la ordenanza fiscal del impuesto todos los años para introducir el porcentaje correspondiente a cada ejercicio. La propuesta de Madrid, junto a otras, se estudiará antes de ser trasladada al Ministerio desde la FEMP.

El Ayuntamiento de Madrid, como otras entidades locales, entienden la "necesidad de buscar una rápida aplicación de la sentencia en defensa de los derechos de su ciudadanía". Madrid es una de las ciudades donde menos han caído los precios de los inmuebles, por lo que previsiblemente los efectos de la sentencia en términos de recaudación serán poco considerables.