De Barcelona a Uruguay y Belice: el viaje de los ingresos de Messi

Un entramado de siete empresas con sede en Belice, Uruguay, Suiza y Reino Unido llevarán este jueves al astro argentino Lionel Messi al banquillo de los acusados por la presunta evasión de 4,16 millones de euros en derechos de imagen.

Aunque la justicia española sólo investiga las cantidades defraudadas entre 2007 y 2009, la trama se remonta al año 2005, cuando la familia Messi, asesorada por su exrepresentante Rodolfo Schinocca, cedió los derechos de imagen de la joven promesa a la sociedad Sports Consultants, en Belice, considerado un paraíso fiscal.

Esta firma, constituida a nombre de la madre del futbolista, Celia Cuccittini, operaba junto a otras dos sociedades en Reino Unido y Suiza, por dónde solían circular los derechos antes de llegar a Belice, según relata la fiscalía en su acusación, calificándolas de empresas pantalla.

Este mecanismo funcionó durante dos años, hasta que los Messi rompieron las relaciones con Schinocca acusándolo de estafador y de haberse quedado con parte de sus ingresos.

Para apartarlo de la gestión de estos derechos, crearon una nueva sociedad en Uruguay donde "esos rendimientos no estaban sometidos a fiscalidad", explicó el artífice de esta estructura, el abogado barcelonés Ángel Juárez.

El nuevo entramado, que empezó a funcionar en marzo de 2007, estaba formado por cuatro empresas: las uruguayas Jenbril -cuyo único accionista era Lionel Messi- y Forsyl -en la que Jorge Messi cobraba sus comisiones correspondientes como agente- la británica Sidefloor y la suiza Tubal.

El dinero de los derechos de imagen pagados por las diferentes marcas anunciantes o por el mismo FC Barcelona se ingresaba en primera instancia en las sociedades de Reino Unido y Suiza que, a cambio de una comisión de entre el 5 y el 8%, transferían las cantidades hacia Uruguay.

Adidas, Danone, Konami, Procter & Gamble, Telefónica o la academia de fútbol catarí Aspire firmaron contratos con el jugador durante esos años, sin que sus beneficios fueran reportados a la agencia tributaria española. En total, las autoridades estiman que el fraude alcanzaría los 4,16 millones de euros.