Barcelona plantea rechazar regalos de más de 50 euros y puertas giratorias en su código ético

El anteproyecto del Código ético y de conducta del Ayuntamiento de Barcelona apuesta por rechazar regalos de más de 50 euros y viajes injustificados y combatir las puertas giratorias, ha explicado el tercer teniente de alcalde, Jaume Asens, este martes en rueda de prensa junto al gerente de recursos, Joan Llinares, que ha señalado que será una norma de obligado cumplimiento y con régimen sancionador, y que es la primera de un ayuntamiento del Estado con estas características.

Llinares ha destacado que el anteproyecto del código ético va "más allá de lo que exige la Ley de Transparencia" porque no sólo afecta a cargos electos y altos cargos --quedarían sujetas unas 70 personas--, sino que también abarca A empresas, fundaciones e institutos de ámbito municipal, su personal directivo y los comisionados y consejeros de distritos, que suman un total de 412 personas, a las que se añadirán jurados, tribunales de selección y comisiones evaluadoras de forma circunstancial.

El código ético --que se ha expuesto a los grupos municipales y que deberá aprobarse en el pleno tras pasar por comisión-- establece que los sujetos a la norma que hayan tenido responsabilidades ejecutivas en el Ayuntamiento y en sus entidades municipales no pueden "prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado" durante los dos años siguientes a su cese, dificultando así las puertas giratorias, ha dicho Llinares.

También prevé obligar a abstenerse de recibir regalos que "superen los usos habituales, sociales o de cortesía" que sean de más de 50 euros, y a devolver los de coste superior, excepto cuando no sea posible o cuando dicha devolución sea excesivamente costosa, casos en los que los obsequios se incorporarán al patrimonio de la corporación municipal.

En cuanto a los viajes, señala que sólo se podrán efectuar cuando sea imprescindible para el desarrollo de las funciones y las competencias de los afectados, y que sólo se aceptará el pago de alojamientos o desplazamientos por parte de terceros cuando los sujetos al código hayan sido invitados oficialmente por parte de instituciones privadas o públicas a actividades vinculadas directamente a sus funciones y competencias.

CONFLICTOS DE INTERESES

El código --que también apuesta por la conciliación de la vida personal, familiar y laboral-- regula también los conflictos de intereses y obliga a inhibirse de participar en asuntos que puedan representar intereses personales, que engloban los intereses de familiares, "incluyendo el cónyuge o persona con la que conviva, y a familiares de cuarto grado de consanguinidad y de segundo de afinidad".

También considera que son intereses personales los de las personas con las que se tenga una cuestión litigiosa pendiente, los de "personas con las que se tenga una amistad íntima o enemistad manifiesta" y los de entidades con las que hayan estado vinculado en los dos años previos al nombramiento por una relación laboral.

Además, el código también obliga a garantizar que toda subvención se otorga de conformidad con los principios de publicidad, concurrencia e igualdad, y a "abstenerse de promover o participar en ningún procedimiento de contratación pública con personas físicas o jurídicas con las que se haya mantenido algún tipo de vinculación laboral o profesional en los últimos dos años previos al nombramiento".

CONTRATACIÓN DE FAMILIARES

Preguntado por los periodistas sobre la contratación de familiares, Llinares ha asegurado que el código plantea prohibir que los afectados por la norma puedan participar en los procesos de contratación pública de personas con vínculos familiares de hasta el cuarto grado de consanguinidad, algo que ha recordado que no afecta a los cargos de confianza, que cuentan con un reglamento específico.

El código también regula las incompatibilidades, apuesta por impulsar la lengua y la cultura catalana con respeto y atención a la diversidad, prevé obligar a los cargos electos a efectuar su declaración de bienes y actividades y defiende que los sujetos a la norma deben actuar conforme a los principios de los Derechos Humanos, la legalidad, la igualdad, la imparcialidad, integridad, proximidad, respeto y rendición de cuentas.

Llinares ha destacado que el código crea la figura del gestor ético --que velará por su cumplimiento y resolverá dudas, entre otras funciones--, que estará asesorado por el Comité de Ética --designado por Alcaldía--, y que el incumplimiento del código conllevará sanciones que incluirán la suspensión o la inhabilitación en las faltas graves, que ha recordado que no podrán sancionarse con carácter retroactivo.

Tras resaltar que el desarrollo del código ético se ha llevado a cabo de forma interna con los servicios municipales, Asens ha defendido que la norma representa un paso decisivo para la regeneración democrática y un "cortafuegos en defensa del bien común y contra la corrupción" que no debe quedarse en un cambio cosmético sino ser un instrumento de control.