El fiscal ha presentado un recurso de reforma a la resolución de la jueza en la que rechazaba su petición de requerir información al director del centro penitenciario de Picassent sobre la intervención de este dispositivo móvil, según ha podido saber Europa Press. La magistrada consideraba que el ministerio público también podía llevar a cabo esta investigación dentro de su ámbito de actuación.
Sin embargo, el fiscal difiere y se considera que no es competente puesto que ya hay un procedimiento judicial abierto que afecta a estas dos personas, Blasco y Tauroni. Indica que de ser cierto que, tal y como publicaba Levante, los condenados hicieron transferencias desde la prisión, se podría haber puesto en peligro la recuperación del dinero obtenido ilícitamente y la responsabilidad civil y pecuniaria que podría derivarse de las dos piezas que se están instruyendo en el juzgado.
Blasco, que el lunes comparecía por videoconferencia desde la prisión en una comisión de las Corts, negó la disposición del móvil y se declaró un preso "como cualquier otro" en el "chabolo". De igual modo, desde el entorno del empresario condenado, que recientemente fue trasladado a la prisión castellonense de Albocàsser, se negó la existencia de ese móvil, aunque sí tenía acceso a un ordenador desde la biblioteca que dirigía.
Desde Instituciones Penitenciarias también negaron la intervención de ningún teléfono móvil a Tauroni o a Blasco y explicaron que únicamente se ha abierto una investigación a un interno por un mal uso de un ordenador.
Otras fuentes, sin embargo, aseguraron que el teléfono móvil fue intervenido en junio por funcionarios de la prisión --actualmente denominada Centro Penitenciario de Valencia Antoni Asunción Hernández--. Se sospechaba que Tauroni podía disponer de este aparato porque repentinamente dejó de realizar llamadas autorizadas desde la cárcel, cuando con anterioridad agotaba este derecho.
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