Bruselas pide informar mejor a refugiados en Idomeni para reubicarlos y "evitar nuevos incidentes" con Macedonia

Bruselas "seguirá enviando el mensaje de que la gente en Idomeni debería ser reubicada o acogida en instalaciones de recepción en Grecia y no deberían enfrentarse a seguir un viaje peligroso e irregular", ha declarado la portavoz comunitaria Mina Andreeva, al ser preguntada por la posición del Ejecutivo comunitario ante la violencia en la frontera denunciada por ONG.

"Todas las autoridades y ONG implicadas deben ofrecer la información adeucada para evitar nuevos incidentes", ha añadido la portavoz.

Varias ONG han denunciado numerosos actos violentos cometidos por la Policía macedonia contra los habitantes del campo de refugiados.

Algunos pacientes de los centros médicos de la organización Médicos sin Fronteras aseguran haber sido temporalmente secuestrados por las fuerzas de seguridad macedonias en edificios abandonados cercanos al campo, donde fueron golpeados durante horas por los agentes.

Mientras, la Unión Europea sigue adelante con la puesta en marcha del acuerdo con Turquía para frenar el paso irregular de inmigrantes y refugiados a través de la frontera grecoturca.

La semana pasada fueron deportadas un total de 325 personas a Turquía desde Grecia, según los datos ofrecidos por Bruselas, que recalca que ninguna de ellas solicitó asilo antes de ser expulasada.

En paralelo, han sido trasladados desde Turquía a la Unión Europea un total de 74 refugiados sirios, lo que, en palabras de la portavoz comunitaria, es prueba de que el bloque comunitario "asume su responsabilidad" de acuerdo a lo establecido por la Convención de Ginebra y la normativa europea en materia de asilo.

Andreeva no ha adelantado, sin embargo, cifras de nuevos trasladados esta semana, a la espera de que se produzcan para ser confirmados. Las expulsiones de demandantes de asilo sirios a Turquía --contraparte de la acogida en la UE de refugiados de este país--, no se ha puesto en marcha porque falta que Ankara cumpla con los cambios legales comprometidos para dar garantías de la protección que corresponderá a estas personas.