La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que ejerce la acusación popular en el caso Bankia, ha solicitado este lunes al magistrado instructor Fernando Andreu que cite a declarar en calidad de testigo al inspector del Banco de España José Antonio Delgado "corresponsable" de la supervisión de la entidad junto con José Antonio Casaus, el exalto cargo del BdE que alertó sobre la inviabilidad del Grupo BFA-Bankia.
En el escrito presentado al juzgado y al que ha tenido acceso Europa Press, la CIC solicita además que se cite también en calidad de testigo a Jorge Pérez Ramírez, exjefe de regulación contable del Banco de España, y que se requiera a Casaus los correos remitidos por diveros miembros del equipo de inspección en BFA-Bankia y que vendrían a respaldar su postura contraria al estreno bursátil en 2011 de la entidad que preside Ignacio Goirigolzarri.
El sindicato basa su petición en la declaración que prestó Casaus ante el tribunal el pasado 16 de marzo donde volvió a exponer que los cuatro correos incorporados a la causa no eran una mera opinión sino que corroboraban los informes de supervisión que enviaba a sus superiores. Sobre los mails, Casaus dijo que fueron "como enviados al ciberespacio" ya que no hubo respuesta y que se les dijo que Bankia saldría a bolsa "sí o sí".
Tanto en esta declaración como en la del pasado mes de septiembre Casaus se refirió a Delgado como un miembro del equipo de inspección y dijo que éste, que asumió las funciones de riesgo de crédito, realizó un análisis más profundo llegando a la conclusión de que la cartera crediticia iba a requerir saneamientos adicionales.
ACLARAR LA EXISTENCIA DE PROVISIONES
La CIC entiende que Delgado es el que mejor puede dar cuenta de si el grupo BFA-Bankia contó con provisiones suficientes para hacer frente a los deterioros. En concreto sobre si existieron las "provisiones específicas pendientes de asignación" mencionadas en el informe del 3 de marzo de 2015 realizado por el supervisor en respuesta a una petición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Sin embargo el sindicato alega que existe discrepancias en este punto ya que los peritos judiciales del Banco de España Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras, no avalaron la existencia de las provisiones indicadas en el folleto de salida a bolsa en julio de 2011 "sino más bien todo lo contrario", concluyeron que se habían declarado unas falsas provisiones por insolvencias de 6.913 millones de euros.
Por otro lado, el sindicato pide también la testifical del exjefe de Regulación Contable del Banco de España Jorge Pérez Ramírez, a fin de explicar si las distintas decisiones contables que se fueron tomando, especialmente el cargo en reservas de las siete cajas que constituyeron BFA-Bankia en el ejercicio de 2010, podían hacerse según la normativa de aplicación.
Denuncia que el magistrado que instruye la causa de la salida a bolsa de Bankia desde 2014 ha interrogado a los miembros del departamento de Supervisión del BdE favorables a que se diera dicho tratamiento contable pero no a los críticos, como Pérez Ramírez, que firmó una nota medio año antes del estreno bursátil según la cual no se encontraban razones de ningún tipo que justificaran el registro de los estados financieros individuales de las siete cajas contra reservas.
Dicha decisión se tomó en una reunión celebrada por la Comisión Ejecutiva del BdE a la que asistieron un total de ocho altos cargos, entre ellos el entonces gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez --que declaró como investigado en la causa-- y en la que se autorizaron los ajustes contables en la fusión que permitieron, según las acusaciones, no reflejar en la cuenta de resultados las pérdidas de las cajas.
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