La Fundació Migra Studium que acompaña a internos del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona desde hace seis años ha constatado que se recluye a extranjeros que son inexpulsables, por lo se les priva de libertad de forma "innecesaria" al no poderse concluir el proceso de expulsión.
En rueda de prensa para presentar las conclusiones de los acompañamientos realizados por su equipo de voluntarios a 146 internos de septiembre a diciembre de 2016 --desde su reapertura--, el abogado y colaborador de la fundación Josetxo Ordónez ha explicado que se está utilizando el CIE "como albergue temporal para inexpulsables".
Ha valorado que si las autoridades saben que los internos son inexpulsables porque carecen de cualquier documentación y se desconoce el país de origen --principalmente personas de países subsaharianos-- "no deberían pasar por el CIE sino ir directamente a las entidades de acogida".
"El CIE es para garantizar expulsión, y si estas personas son inexpulsables para qué internarlas", se ha preguntado el abogado, que considera que se hace un uso injusto de la privación de libertad, desnaturalizando el internamiento del CIE, y jurídicamente es un horror, ha concluido.
Llegan a esta conclusión porque más de la mitad de los internos visitados --un 56,16%-- fueron puestos en libertad sin ser expulsados, una cifra al alza respecto a años anteriores, y pese a ello muchos pasaron unos 40 días privados de libertad.
Según esta fundación, entre septiembre y diciembre de 2016 pasaron por el centro 640 personas, y ellos atendieron a 146 de las 313 demandas recibidas; de estas personas atendidas, un 54% son argelinos y un 13% marroquíes.
JÓVENES Y MENORES
Según la responsable del grupo de visitas de Migra Studium, Margarita García, han constatado en sus visitas la presencia muy alta de jóvenes y de algunos menores, de los que dos fueron reconocidos por la administración y salieron en libertad al comprobarse que tenían esa condición.
Sin embargo, del total de 313 demandas de atención recibidas por su equipo, 83 personas se declararon menores, aunque de éstos solo tuvieron la oportunidad de atender a 23 que declaraban serlo.
Ha explicado que muchos de ellos no quieren ser considerados menores de manera oficial y no lo manifiestan a las autoridades por miedo a que les pueda afectar negativamente, y que por eso solo se han descubierto oficialmente dos casos este 2016.
Además, han constatado que en el CIE hay personas en otras situaciones de vulnerabilidad y riesgo como por ejemplo con enfermedades físicas o mentales, solicitantes de asilo, cónyuges o parejas de hecho de ciudadanos españoles --que no pueden renovar su permiso de residencia por haber sido condenados--, personas con hijos a cargo, sin posibilidad de acceso a intérprete o con riesgos de maltrato en origen.
SIN ANTECEDENTES
Según el informe, casi el 75% de los internos visitados no tenían antecedentes penales y solo el 18% estaba imputado o procesado en un procedimiento judicial pendiente de sentencia, por lo que ponen en duda el discurso del Ministerio del Interior que asegura que se interna y expulsa a delincuentes o personas de alta peligrosidad.
Ordóñez ha explicado que se han identificado varias vulneraciones de derechos de los internos como el de mantener su integridad física, psíquica y moral, el de tutela judicial efectiva y proceso con todas las garantías, derecho a la salud, a la comunicación y a la información y a la asistencia social.
En el caso del derecho a la integridad física, ha explicado que principalmente se conculca cuando se producen enfrentamientos o conatos violentos en el centro, entre los propios internos, y que solo han constatado algunos casos en los que ha habido lesiones por parte de policías cuando han intervenido los antidisturbios.
Respecto al contencioso que mantiene el Ayuntamiento de Barcelona con el centro de internamiento por las licencias, Ordóñez ha considerado una "buena noticia" que una institución pública se interese por lo que pasa dentro del CIE, y supone un reconocimiento al trabajo de denuncia y sensibilización de diferentes entidades.
La directora de Migra Studium, Mari Carmen de la Fuente, ha expresado que también supone un "reconocimiento del sufrimiento que hay en el CIE" y ha reclamado seguir con el trabajo diario en los centros y la lucha por su cierre definitivo.
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