Según han explicado, este requerimiento, que la CNMC notificó al Consell el 27 de abril, constituye "un paso previo que busca evitar" la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, en el caso de que el Consell no derogue la norma.
Así, consideran que la moratoria comercial aprobada "crea un obstáculo injustificado" para la competencia efectiva en el mercado de la distribución comercial en Mallorca.
De esta manera, concretan que la moratoria impide la entrada de nuevos operadores y la expansión de los ya existentes; no está justificada bajo ninguna obligación legal, ni de necesidad o proporcionalidad; ni se ajusta al derecho de la Unión Europea, fundamentalmente a la Directiva Servicios ni al derecho nacional.
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