RSF PIDE AL NUEVO CONGRESO LA DEROGACIÓN DE LA 'LEY MORDAZA' POR “ARBITRARIA” E “INTIMIDATORIA”

La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’, cumple este jueves un año en vigor, y Reporteros Sin Fronteras (RsF) hizo hoy un balance muy negativo de lo que ha significado para la libertad de expresión y el desempeño del oficio del periodismo.
La ONG considera que la ley "no solo ha caído con todo su peso sobre los ciudadanos de a pie, principales víctimas de las arbitrarias sanciones que contempla, sino también sobre uno de sus principales objetivos: los profesionales de los medios de comunicación”.
“Si situaciones tan absurdas y rocambolescas, como quejarse en las redes sociales de que un vehículo de la policía local está mal estacionado o llamar ‘colega’ a un agente le han valido multas de hasta 601 euros a ciudadanos anónimos, los periodistas han tenido que enfrentarse a sanciones igual de arbitrarias, coercitivas e intimidatorias, por el mero hecho de ejercer su profesión”, señala Reporteros en un comunicado.
El pasado 3 de marzo, Axier López, fotógrafo y reportero de la revista ‘Argia’ compartió en su cuenta de Twitter unas instantáneas de la detención en Eibar de la activista Naroa Ariznabarreta, que se había negado a personarse en la vista oral en la que se la juzgaba por un corte de autopista, en protesta por la ilegalización de la organización juvenil Segi, en el año 2007.
Este hecho transformó a Axier López en el primer periodista español multado por la ‘ley mordaza’. El periodista recibió de la Delegación del Gobierno en Guipúzcoa la notificación de una sanción de 601 euros, por subir fotografías a una red social “sin autorización”. La aplicación de la ley se fundamentó en la posibilidad “de identificar a los agentes actuantes, con el riesgo que para los funcionarios puede derivar de su identificación pública”.
Axier López ha tenido el respaldo de su medio para oponerse a la sanción, igual que Mercè Alcocer, periodista de Catalunya Ràdio, que acudió el pasado 20 de febrero a cubrir la declaración en la Audiencia Nacional del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y de su esposa, Marta Ferrusola. Cuando ambos salieron a la calle, Alcocer hizo caso al primer instinto de cualquier periodista: preguntar a las fuentes. Trató de acercarse a Pujol, así como a sus abogados, pero agentes de la Policía Nacional le interceptaron el paso y le exigieron su documentación. Pese a que la zona no estaba acordonada, el mero hecho de cruzar el “perímetro de seguridad imaginario” trazado por los agentes, le valió tener que excusarse e identificarse. Cuando, posteriormente, la periodista quiso sumarse a sus compañeros en la zona habilitada para las declaraciones, los agentes se lo impidieron. “A esa, fíchala”, le dijo a un agente el jefe de la unidad policial desplegada en el lugar. A mediados de mayo, Mercè Alcocer recibía una notificación de multa de 601 euros, por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid, por presunta desobediencia a la autoridad, que no piensa pagar y que va a recurrir.
“He sido el chivo expiatorio: como no soy una periodista habitual en la cobertura de la Audiencia Nacional, se han atrevido conmigo y dudo de que lo hubieran hecho con los que siempre están allí. Tuve la sensación de que mi comportamiento no gustó desde el principio al jefe de policía y que quiso marcar territorio”, ha declarado Alcocer a RSF. La periodista se encuentra inmersa en el proceso de alegaciones contra la sanción.
DEROGACIÓN
Malén Aznárez, presidenta de Reporteros Sin Fronteras España, denuncia que “el valor probatorio que concede la ley a los agentes de las fuerzas de seguridad hace que todos los casos se transformen en la palabra de un periodista contra la palabra de un policía. Es obvio quién tiene las de ganar”. “La 'ley mordaza'”, añade, “no es solo lo que contiene, sino el clima de impunidad y de abuso de poder que ha creado. Hay elementos en las fuerzas de seguridad que se sienten avalados para intimidar a periodistas, sabedores de que, con toda probabilidad, sus acciones no tendrán consecuencias. Se sienten protegidos por una Ley que, en la práctica, es una patente de corso para cometer abusos”, añade.
La ley ha sido calificada de “abominable” por ‘The New York Times’, que considera que la normativa retrotrae a los “días más oscuros del franquismo”. Relatores de la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y numerosos medios de comunicación internacionales han pedido su derogación. Reporteros Sin Fronteras, no ha cesado de exigirlo desde el mismo momento en que el Ejecutivo comenzó a elaborar el primer borrador.
RSF aprovecha la nueva correlación de fuerzas en el Parlamento surgida de las elecciones del 26 de junio para instar a todos los partidos políticos contrarios a la normativa a ponerse de acuerdo en la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana.
“Solo el Partido Popular en el Gobierno en funciones defiende en su totalidad esta ley coercitiva, arbitraria e intimidatoria para los periodistas y los ciudadanos. Instamos a las fuerzas políticas a aprovechar la composición del nuevo Congreso de los Diputados para evitar que, en 2017, tengamos que hacer un nuevo balance de periodistas víctimas de la 'ley mordaza', con motivo del segundo aniversario de su entrada en vigor”, concluye Malén Aznárez.