EL CONGRESO INSTA AL GOBIERNO A INCENTIVAR LA DONACIÓN DE ALIMENTOS CON BENEFICIOS FISCALES

La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados aprobó este martes con 25 votos a favor y 10 abstenciones una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a combatir el despilfarro alimentario, adoptando "medidas que favorezcan que todos los agentes implicados en la producción, generación, distribución y comercialización de alimentos puedan donar la comida que desechan a bancos de alimentos", como, por ejemplo, estableciendo "beneficios fiscales a este tipo de donaciones".
La diputada socialista Victoria Begoña Tundidor fue la encargada de defender esta proposición e hizo hincapié en que “en nuestro país se despilfarra comida al mismo tiempo que hay gente buscando en los contenedores de basura para poder comer”, por ello, “creemos necesario que el Gobierno establezca medidas para que se incentive la donación de alimentos”.
Asimismo, señaló la necesidad de que se promuevan “campañas de sensibilización destinadas a cambiar los comportamientos de la población” y así “fomentar un consumo consciente y responsable”. En este sentido, la diputada del PP María del Carmen Hernández manifestó que es necesaria la colaboración de toda la población puesto que, se trata de una “responsabilidad compartida”.
Por su parte, el diputado de Ciudadanos Francisco Igea se mostró a favor de la proposición presentada y de “aumentar la sensibilidad de la población”, pero criticó el punto en el que se pide al Gobierno que incentive la donación estableciendo beneficios fiscales porque “ya hay denuncias de que las grandes superficies lo estén utilizando mantener su producción”, sin adecuarla a las necesidades de la población.
Asimismo, la diputada de Unidos Podemos María Asunción Jacoba Pía lamentó que existen informes desde 2011 que dan cuenta de este despilfarro alimentario y a día de hoy “seguimos mareando la perdiz” y abogó por realizar “un trabajo conjunto y se ponga en marcha ya”, porque “es un asunto muy serio”.
Por último, la proposición reclama al Gobierno que “modificaciones en materia de etiquetado que eviten confusiones en el consumidor con respecto a la aptitud para el consumo de determinados alimentos”, además de “promover grupos de trabajo que revisen los criterios por los que se establecen fechas de caducidad o de consumo preferente y su homogeneización, así como revisión de las condiciones de conservación, basadas en criterios científico-técnicos y no comerciales, de acuerdo con la legislación vigente, que establece la responsabilidad del fabricante sobre la seguridad de sus productos y la determinación de la fecha de caducidad o duración mínimo de los mismos”.